Investigación

El comité del asalto al Capitolio subraya la presión y amenazas de Trump a cargos y trabajadores electorales en los estados

  • Trump trató de involucrar al Comité Nacional Republicano en su trama y que un senador intentó dar a Pence el 6 de enero una lista de falsos electores

  • Giuliani asumió lo endeble de las falsas alegaciones de fraude al decir: “tenemos muchas teorías, simplemente no tenemos las pruebas”

La transcripción de una llamada telefónica entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, aparece en una pantalla de video, durante una audiencia pública del Comité Selecto de la Cámara para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos

La transcripción de una llamada telefónica entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, aparece en una pantalla de video, durante una audiencia pública del Comité Selecto de la Cámara para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos / EFE/Chip Somodevilla

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Idoya Noain
Idoya Noain

Periodista

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El comité que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 ha celebrado este martes su cuarta vista pública, centrada en esta ocasión en las presiones y amenazas con que Donald Trump y sus más radicales aliados trataron, sin éxito, de convencer a cargos electorales estatales de revertir los resultados legales de los comicios presidenciales que perdió. Como en las sesiones anteriores, buena parte de la información presentada ya se conocía, pero ha cobrado renovada fuerza al ser contada en primera persona por los protagonistas. También ha habido nuevas revelaciones que apuntalan el caso para que el Departamento de Justicia emprenda acciones legales. Y los testigos este martes, relatando acoso y amenazas directas e indirectas, han ayudado a entender mejor el impacto violento que tuvo, y sigue teniendo, la resistencia a Trump.

Con el testimonio del secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, han vuelto a escucharse, ahora en el Congreso, partes demoledoras de la llamada de más de una hora que le hizo el 2 de enero de 2021 Trump. En aquella incendiaria y agitada conversación, de la que dio la exclusiva en su día ‘The Washington Post’, el presidente pidió al secretario de estado también republicano directamente que “recalculara” los votos. “Solo quiero encontrar 11.780”, reclamó Trump, pidiendo exactamente uno más de la diferencia por la que había perdido el estado frente a Biden.

“Los números son los números, los números no mienten”, ha testificado Raffensperger, que ha asegurado que se realizaron casi 300 investigaciones de las acusaciones de fraude que promovía Trump, sin encontrar esas supuestas irregularidades.

Algo similar ha contado también Rusty Bowers, el republicano que preside la Cámara de Representantes de Arizona, otro de los estados en los que Trump realizó acusaciones infundadas de fraude y donde presionó para que no se certificaran los resultados electorales. En su caso, Bowers ha relatado una conversación telefónica con Trump y Rudy Giuliani en la que hablaron de supuestos votos de 200.000 inmigrantes sin papeles y entre 5.000 y 6.000 personas que habían fallecido. Bowers pidió nombres y pruebas, pero nunca se las dieron. “Tenemos muchas teorías, simplemente no tenemos pruebas”, llegó a reconocer en otra conversación con Bowers Giuliani, el exalcalde de Nueva York.

La trama de los “falsos electores”

La vista también ha vuelto el foco a otra parte de la trama de Trump y sus aliados: la idea, ilegal, de que estados donde decían falsamente que el republicano había ganado eligieran para el colegio electoral a “electores” que no darían en ese sistema estadounidense los votos que le correspondían a Biden, sino a Trump. Al menos seis estados (Arizona, Georgia, Nevada, Nuevo México, Michigan, Pensilvania y Wisconsin) eligieron esos “falsos electores”.

Aunque esa elección falsa por sí sola puede no tener consecuencias legales, sí podría tenerlo el hecho de que intentaran que esos votos fueran contados para Trump el 6 de enero, pues es delito dar documentación falsa al gobierno federal. Y una de las mayores revelaciones de este martes ha sido la de que el senador de Wisconsin Ron Johnson intentó hacer llegar al vicepresidente Mike Pence la lista de esos electores falsos de su estado minutos antes de que empezara la sesión del 6 de enero en la que, como presidente del Senado, Pence estaba al frente de la certificación que interrumpió el asalto al Capitolio. El equipo del vicepresidente rechazó que se los diera.

También se ha sabido que Trump el 14 de diciembre, el día en que se reunía y votaba el colegio electoral, había llamado a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, para incluirla en la trama de los falsos electores. En esa conversación el abogado John Eastman, el mismo que preparó lo que se conoce como “el borrador de golpe”, urgió a McDaniel a que ayudara a identificar y reunir a falsos electores para que votaran por Trump.

El coste personal de las amenazas

Tanto Bowers como Raffensberger y otros testigos este martes han ayudado también a poner cara y rostro al efecto que tuvieron las mentiras de Trump y las amenazas del presidente y sus aliados hacia los cargos que se resistían a sus presiones.

Bowers ha contado, por ejemplo, que los sábados han estado yendo a su casa, donde tenía una hija gravemente enferma, manifestantes que con grandes carteles y camiones le han estado acusando de “pedófilo, pervertido y político corrupto”. Sin dar el nombre ha citado al grupo de ultra derecha Three percenters como parte de quienes han acudido a su residencia y hostigado, incluyendo armados, a su familia y a sus vecinos.

Raffensperger por su parte ha explicado que tras sus choques públicos con Trump se hizo pública su información de contacto y residencia y ha contado que alguien entró en casa de su nuera, viuda, y que su esposa recibió amenazas “sexualizadas”.

Han acudido también al Congreso Shaye Moss y su madre, Ruby Freeman, dos mujeres negras que eran trabajadoras electorales en Georgia y se vieron directamente acusadas con mentiras por Trump, Giuliani y medios conservadores y ultras de haber cometido supuestas irregularidades en el recuento de votos. Trump las llamó “estafadoras”, hasta 18 veces las citó en la llamada con Raffensberger, y las mujeres empezaron a recibir acoso racista, mensajes de odio y amenazas de muerte.

Este martes Moss ha contado en directo el impacto de lo sucedido en su vida. Ha dicho que ganó casi 30 kilos, que no sale de casa, que ahora se cuestiona todo lo que hace. Su madre, según el vídeo emitido de su entrevista con los investigadores del comité, ha dicho que ha perdido su reputación y ha contado que incluso el FBI le recomendó que abandonara su casa por su propia seguridad. “No me siento segura en ningún sitio”, dijo. “Se supone que el presidente de EEUU debe representar a cada estadounidense, no poner a uno en la diana, pero a mí me puso”.

El congresista Adam Schiff, que este martes ha llevado la batuta en la vista, ha asegurado que “la mentira del presidente fue y es un cáncer en el cuerpo de la política”. “Si pudieras convencer a los estadounidenses de que no pueden confiar en sus propias elecciones, de que cada vez que pierden es de alguna forma ilegítimo, ¿qué queda sino la violencia para determinar quién debe gobernar?”, ha planteado Schiff.

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La próxima vista publica del comité, que se celebra el jueves, estará centrada en las presiones de Trump al Departamento de Justicia.