Piden en Cuba severas condenas de prisión para dos artistas disidentes

La justicia cubana ha pedido siete y 10 años de cárcel para Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, dos artistas disidentes que son considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Otero y Castillo se encuentran entre rejas desde hace más de un año y encabezaron el Movimiento San Isidro, un colectivo que, desde su fundación, cuatro años atrás, llevó adelante actos de oposición cultural que el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel consideró intolerables. Cada uno de ellos interpelaron a su modo al régimen con distinta intensidad y eficacia. Castillo, también conocido como el Osorbo, es uno de los participantes de la canción "Patria o Vida" que ganó en 2021 un Grammy Latino. Uno y otro han sido acusados de "desacato" a las autoridades e "incitación a delinquir" y realizar "desórdenes públicos".

El juicio se llevó a cabo bajo estricto hermetismo. El tribunal habanero fue rodeado por un cerco policial y agentes de la seguridad del Estado. Solo se permitió el acceso a testigos de la defensa y a algunos familiares de los acusados.

Human Rights Watch (HRW) reclamó la libertad de los encausados "de inmediato y sin condiciones". El proceso, añadió, carece de fundamento y solo es parte de una campaña "para perseguir a artistas, intelectuales y defensores de los derechos humanos relacionados con las históricas protestas contra la dictadura del 11 de julio".

La oenegé Cubalex, que realiza asesoría legal independiente a quienes enfrentan situaciones judiciales por razones políticas, denunció que en el marco del juicio las fuerzas de seguridad hostigaron a numerosas personas que intentaron expresar su solidaridad con Alcántara y Castillo. La activista Saily Gonzalez Velazquez fue arrestada este martes en la ciudad de Santa Clara por un agente vestido de civil. Ella pudo transmitir el episodio a través de Facebook.

Nueva disidencia

La existencia de más de siete millones de teléfonos celulares en la isla ha cambiado de manera radical el modo de hacer política de una nueva generación de disidentes. Un reciente concierto del reconocido trovador Carlos Varela puso en escena esa nueva realidad en La Habana. Según informó el portal El Toque, cuando Varela comenzó a cantar "La feria de los tontos", en la que dice que "a todos nos volvieron locos, esperando por un sueño roto", la policía decidió rodear el escenario. "Minutos después, a solo unos metros de donde estábamos, alguien grita libertad. Cientos lo secundan. La mayoría en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Otros aplauden. La policía permanece impávida. Asombrada. Se les escapa de la mano semejante muestra de insubordinación".

 "En un modelo político como el de Cuba, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, semejante a una enorme jauría. Sobre todo, cuando tiene todos los motivos para estar molesta. Dicho modelo detenta, como condición sine qua non, el monopolio de la información, las comunicaciones y la opinión pública", señaló Alina Bárbara López Hernández en la revista digital Joven Cuba. A su criterio, "el grupo de élite que determina la política insular parece convencido de que con mano dura solucionará el creciente disenso. Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la práctica abusiva de derechos constitucionales". Es precisamente el ejercicio de esos derechos, añade, "que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación para que la burocracia empoderada no siga definiendo proyectos y estrategias que no está en sus manos, ni en su voluntad, cumplir".

Contexto regional

Los juicios se celebran en un momento de tensión interna como consecuencia de la crisis económica y los constantes apagones que enervan a la población. El caso Otero Alcántara-Castillo coincide con las vísperas de la Cumbre de las Américas que Estados Unidos organiza en Los Ángeles. La reunión, que comienza el 6 de junio, no contará con la presencia de Cuba, que se autoexcluyó, ni Venezuela y Nicaragua.

A mediados de mayo, la administración de Joe Biden impulsó una serie de medidas que aligeran los efectos de un bloque comercial de décadas así como las sanciones aplicadas desde el inicio de la pandemia por su antecesor, Donald Trump.