El gerente del Incasòl dimite tras ser imputado por Garzón en el 'caso Pretoria'

El juez Baltasar Garzón ha imputado a otras 11 personas en el denominadocaso Pretoria, la trama de corrupción urbanística de Santa Coloma de Gramenet y otras localidades de las comarcas de Barcelona. Entre los acusadosse se ha incluido al gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas Margarit, lo que le ha llevado hoy mismo a dejar el cargo, decisión aceptada por la Generalitat. Entre los acusados también se incluyen la madre del exalcalde de Santa Coloma, Josefina Calvet, y las esposas de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas Cruixell, respectivamente, según han confirmado fuentes jurídicas.

El magistrado ha dejado en libertad bajo fianza de 200.000 euros al exconcejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión incondicional junto a otros cuatro imputados, entre ellos, los exaltos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, según la agencia Efe.

Fuera de España

Las fuentes consultadas han señalado que de los 11 nuevos imputados, a los que Garzón interrogará mañana y el viernes, uno está fuera de España y por ello el juez ha cursado una comisión rogatoria para interrogarlo, sin precisar a qué país.

Con las nuevas detenciones, el total de imputados asciende a 20. Hasta ahora en la causa figuraban nueve, cuatro de los cuales están en prisión incondicional: Alavedra, Prenafeta, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el exdiputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.

Además de Dobarco, permanecen en libertad bajo fianza los empresarios Lluís Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela.

Conductas ilícitas

El pasado 30 de octubre el juez Garzón ordenó el ingreso en prisión de cinco y la libertad bajo fianza de los otros cuatro. El magistrado citaba a varias personas a las que atribuía conductas supuestamente ilícitas, pero sobre las que en ese momento no pesaba acusación alguna.

El auto del magistrado advertía también de que, además de las operaciones urbanísticas presuntamente fraudulentas de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, había otras "que también están siendo investigadas", según la agencia Efe.

Algunas de las personas citadas son o han sido cargos públicos, como Emili Mas Margarit, gerente del Institut Català del Sòl, que el pasado abril intervino supuestamente en unas conversaciones con algunas de las personas ya imputadas --como García, Muñoz, Vela y Dobarco-- para que el Ayuntamiento de Santa Coloma emitiera facturas "con el fin de justificar el empleo de unos fondos europeos".

Otro de los políticos mencionados es el exconcejal de CiU en Mataró y excoordinador del Pla Metropolità de Barcelona Genís Carbó Boadell, ya que una de sus sociedades --GCB Assessorament Urbanístic i Projectes-- recibió 244.000 euros en la operación Niesma.

Según Efe, también ocupó un cargo municipal Antonio Jiménez Gómez, exconcejal socialista en Sant Andreu, de quien el juez dice que "tiene estrecha relación" con García y recuerda que fue regidor de Urbanismo cuando se desarrolló la operación Niesma.

Garzón señalaba también al técnico de urbanismo de Santa Coloma Lluís Falcó como la persona que comunicó a los adjudicatarios del proyectoPallaresala "inviabilidad" de desarrollar dicha operación en ese momento.

Fuentes de la investigación han relacionado con la causa a una persona cuyo nombre no aparece en el auto: el exalcalde de San Andreu de Llavaneres Víctor Ros, del PP, contra quien se han presentado varias denuncias por temas urbanísticos.

Sociedad de Costa Rica

En su resolución, Garzón relacionaba también a Manuel Valera Navarro y a Francisco Alejandro Pretus Labayen con la operación urbanística de Sant Andreu, en la que intervino la sociedad Niesma Corporació SL, de la que ambos eran administradores solidarios.

El juez dice que Valera "era en realidad una persona interpuesta al servicio de los intereses de Luis de Andrés García", además de que aparecía como administrador de Renticost Serveis SL, que en diciembre del 2005 recibió una transferencia de dinero procedente de una sociedad domiciliada en Costa Rica y controlada por García.

Otra de las personas a las que se cita en el auto que recoge la la agencia Efe es Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona SA y del que se dice que era "el contacto de Luis de Andrés García en Badalona".

Garzón también hace referencia a Manuel Grandes Sánchez, Jeff Schroeder Quijano y Lluís Renau Folch --este último fue director general de Seguretat Ciutadana en los Gobiernos de CiU- como titulares de algunas de las empresas que, en el 2003, recibieron pagos de García que, según el auto, carecían de justificación.

También aparece el nombre de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado de García y responsable de la sociedad Capital City Consulting SL, en cuya sede se intervino una importante cantidad de obras de arte.