López Obrador critica a la prensa en el país más peligroso para ejercer el periodismo

En México un periodista es agredido cada 13 horas. El país latinoamericano es el más peligroso para los informadores: 19 de ellos fueron asesinados en 2020. Sin embargo, la Presidencia recurre casi exclusivamente a dos calificativos para los medios de comunicación: “corruptos” y “mentirosos”. Desde el 30 de junio, el mandatario Andrés Manuel López Obrador ha agudizado su cruzada contra la prensa al presentar una sección semanal en sus ya famosas conferencias matutinas para señalar lo que, a criterio del Gobierno, son bulos o información “mal intencionada”. Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión han criticado la actitud del mandatario, mientras que la Administración arguye que se trata de su “derecho de réplica”.

La sección semanal, ya de por sí llamativa por las formas, lo es sobre todo por el fondo. Quién es quién en las mentiras de la semana es el nombre del espacio que dedica la Presidencia todos los miércoles para “desmentir noticias falsas”. Palacio Nacional, la sede del Gobierno, se convierte por minutos en un plató presentado por la periodista afín al Ejecutivo, Ana Elizabeth García. La dinámica es sencilla: el Ejecutivo proyecta en una pantalla titulares de artículos supuestamente falsos y los critica sin más. El más “mentiroso” gana el Pinocho, un premio burlón. Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF) carga duramente contra el programa: “No es un espacio de réplica, sino de exhibición y linchamiento”.

El Quién es quién de López Obrador ha desempolvado el manual de estilo del programa sabatino del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), a quien se le recuerda rompiendo periódicos frente a las cámaras. En la pasarela, el presidente mexicano ha cargado contra un rosario de medios nacionales e internacionales: desde el estadounidense The New York Times —por investigar sobre la fatídica caída del metro de Ciudad de México donde murieron 26 personas— o El País, a quien vincula, sin pruebas, de beneficiarse de contratos públicos en pasadas legislaturas. 

Falta de metodología

No han faltado momentos icónicos que dejan en evidencia la falta de metodología del Gobierno. Por ejemplo, esta semana la presentadora destacó un titular del diario mexicano Reforma que criticaba el alza en los precios de la electricidad: “No es falso, pero se exagera”, afirmó García. El ataque semanal contra la prensa también ha levantado ampollas en los medios de izquierdas. El columnista de La Jornada —periódico donde trabajaba García— Julio Hernández ha sido señalado y ha protagonizado un choque de trenes con el presidente durante su conferencia. 

Para Leopoldo Maldonado, director en México y Centroamérica de la organización Artículo 19,  una de las cosas más preocupantes es que los señalamientos se hacen desde la sede del Gobierno. Maldonado sostiene que “el Ejecutivo se erige en una especie de tribunal de la verdad que, sin una metodología clara, critica sin argumentos a la prensa”. Hace unas semanas, cuando apenas se inició la sección, Pedro Vaca, relator de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió al Gobierno que replantee el modo de hacer el programa y se base en los estándares internacionales. 

Contenidos de calidad

Según el último informe de RSF sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa, México se encuentra en el puesto 143 de 180. Es el peor lugar del continente. Además, según los datos de Artículo 19, el 98% de los delitos contra los periodistas quedan impunes. José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, pone el énfasis en estas cifras para censurar la actitud de  López Obrador: “Todo esto es parte de un show. Es un burdo esfuerzo por intimidar a los medios independientes intentando, sin base alguna, estigmatizarlos como fake news”. 

Este periódico contactó por teléfono a Jesús Ramírez Cuevas, el portavoz de Presidencia, sin tener respuesta. El mandatario ha reiterado desde que anunció por primera vez el Quién es quién que respeta la libertad de expresión y que solo se limita a contestar lo que él considera como una “campaña de difamación”. Tanto Flores como Maldonado coinciden en que el argumento no es suficiente y que son los lectores y no el Gobierno, con dinero público, quienes deben exigir contenidos de calidad a los periodistas.  

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