'El Koki', el delincuente que atormenta a Maduro

A menos de tres kilómetros del Palacio de Miraflores se ha levantado una suerte de microestado paralelo que domina un grupo criminal con llamativo poder de fuego. Los disparos que suenan sobre las colinas que bordean el oeste de Caracas llegan a los oídos de Nicolás Maduro. El Gobierno lanzó durante la primera semana de julio la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro para desarticular la banda de Carlos Luis Revete, más conocido como El Koki. Unos 2.500 uniformados se internaron 48 horas en esas laberínticas barriadas para buscar al hampón. Murieron al menos 22 delincuentes y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad.

El Koki pudo escapar y desde entonces se le ve en distintos lugares de la capital al mismo tiempo. Hasta se venden estatuillas religiosas con su nombre. Las autoridades le han puesto precio a su cabeza: 500.000 dólares. El misterio sobre su paradero deja a la capital venezolana en un estado de tensión permanente. "Pronto les prendo Caracas en llamas, el Palacio ese les va quedar vuelto nada", amenazó el maleante desde una cuenta de Facebook. Y muchos temen que quiera cumplir con su advertencia virtual.

Hablar de El Koki es hacer referencia a la Cota 905, como se conoce a la Avenida Guzmán Blanco que corta como una cicatriz al sur de la ciudad. Sobre sus laderas se extienden en dirección oeste una serie de barriadas donde se hacinan unas 300.0000 personas. La Cota 905 es la base de operaciones de El Koki y sus secuaces, El Vampi, El Garvis, Mayeyas y El Loco Leo.

Cifras escalofriantes

Antes de la pandemia, Venezuela registraba una de las tasas de inseguridad más altas del mundo: 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), esa tasa duplicaba a la de Brasil (19,3) o El Salvador (19,7).

Pero en 2020 ha ocurrido algo tan insólito como escalofriante. El observatorio ha detectado que por primera vez se registraron 4.231 muertes por "resistencia a la autoridad" policial frente a 4.153 crímenes letales perpetrados por delincuentes. El sorprendente cambio en las estadísticas llamó la atención de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Detrás de muchas de las muertes durante los "enfrentamientos" estuvo la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).

La "guerra" en la Cota 905 condujo a la FAES hacia las colinas y puso de relieve hasta qué punto en esa otra Caracas impera una ley y un orden que prescinde del Estado. "Son tantas las pruebas, informaciones y vivencias cotidianas, que hemos de concluir que en Venezuela la lumpenización ha copado la escena. Es que los malandros han extendido de forma muy significativa su radio de influencia en la sociedad”, señaló Carlos Hermoso en el portal El Pitazo.

Poder de fuego

Los especialistas calculan que en todo el país hay unas 18.000 bandas de delincuentes. No todas tienen entre 150 y 300 integrantes. Un 60% de esos grupos se dedican a actividades violentas. Controlan territorios sobre la base de la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas. Iniciaron un proceso de acumulación económica que ha llevado a sus jefes e inmediatos secuaces a comprar vehículos de lujo y casas suntuosas. Pero, sobre todo, armas.

La prensa caraqueña asegura que El Koki y los suyos se han pertrechado con fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas, granadas, binoculares y radios portátiles. En las barriadas han levantado hasta 20 kilómetros de trincheras reforzadas con sacos de arena. Vigilan las entradas y salidas de esas pequeñas ciudadelas desde garitas. Desde lo alto de una vivienda disparan contra edificios, autos y transeúntes. Suele señalarse que han aprendido técnicas de logística de paramilitares colombianos. Al igual que Pablo Escobar en la Medellín de los años ochenta, las bandas alternan los delitos de sangre con la ocasional filantropía.

Como no podía ser de otra manera, el Gobierno asegura que la oposición más radical tiene vínculos con El Koki mientras que la oposición lo desmiente. Mientras se esperan nuevos enfrentamientos, organizaciones civiles le pidieron a Maduro que priorice la vida en la lucha contra la delincuencia y que las fuerzas de seguridad actúen de manera diferenciada. El Estado, remarcaron, debe cumplir con sus obligaciones y compromisos adquiridos nacional e internacionalmente "en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil".

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