Informe Cilevics

El Consejo de Europa reclama a España que ponga fin al proceso de extradición de Puigdemont

  • Una resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria apoya también el indulto o la liberación de los políticos condenados y encarcelados

  • El texto aboga por una reforma de los delitos de sedición y rebelión

Carles Puigdemont, en Waterloo

Carles Puigdemont, en Waterloo / Horst Wagner (EFE)

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Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

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Pese a la rotunda oposición de populares y socialistas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha adoptado este lunes por amplia mayoría -70 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones- una resolución que reclama al Gobierno de Pedro Sánchez no solo que conceda el indulto o libere a los políticos condenados por organizar el referéndum “inconstitucional” del 1-O y las manifestaciones masivas posteriores, sino que “abandone el proceso de extradición” contra el expresident Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes, que “viven en el extranjero” y que son objeto de una orden europea de detención y entrega, y que reforme las disposiciones sobre el delito de sedición y rebelión.

Uno de los elementos que más han escocido a populares y socialistas, que han visto rechazadas todas las enmiendas votadas durante el pleno, incluidas aquellas en las que pedían eliminar la recomendación sobre las euroórdenes, es que el informe elaborado por el socialista letón Boriss Cilevics -que lleva como título ¿Se debería perseguir a los políticos por las declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?- vincula la situación en Turquía y en España. Según el ponente, que ha calificado de desproporcionadas las largas penas de prisión contra los políticos del 'procés', la inclusión de ambos países en el documento se adoptó antes de su mandato.

“El informe adolece de un pecado original que es poner en cuestión la libertad de expresión de los políticos en nuestro país y poner en el informe el caso de España con el de Turquía”, se ha quejado la ministra de exteriores, Arancha González-Laya. “Todo lo que viene después parte de un error inicial en el planteamiento. El propio ponente dice que ningún político es encausado por sus opiniones o por el ejercicio de libertad d expresión o por sus actos”, ha puntualizado subrayando que con lo que hay que quedarse es con lo que está ocurriendo no con lo que dice el texto, y con que el texto subraya la solidez del Estado de derecho en España.

La resolución reclama a las autoridades españolas “reformar las disposiciones penales sobre (los delitos de) rebelión y sedición” de forma que “no permitan reinterpretar la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, pretendida por el legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o dar lugar a sanciones desproporcionadas para transgresiones no violentas”. El punto que más polémica ha generado, sin embargo, ha sido la petición al Gobierno de que considere “indultar o liberar” a los políticos encarcelados y abandonar los procedimientos de extradición.

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La representante de ERC, Laura Castel, por su parte, ha propuesto sustituir el término perdón por “amnistía” pero la enmienda tampoco ha salido adelante. El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró ha pedido, tras la aprobación del informe, la "libertad total" de los presos y los "exiliados". Según el político catalán, el Consejo de Europa "está diciendo a España que ha de aplicar la amnistía" y no "mini indultos".

Puigneró, en rueda de prensa, ha usado un tono muy duro acusando a España de ser "la Turquía occidental y un Estado de derecho parcial y reversible". "Los 'miniindultos' son un mini paso, superado absolutamente por el dictamen. Son un paso absolutamente insuficiente", ha declarado, informa Fidel Masreal.