Batalla civil

El aborto vuelve al centro de la batalla política en EEUU

La decisión del Supremo de aceptar un caso que puede alterar o acabar con el derecho reactiva la lucha y eleva la presión sobre Biden

El edificio del Tribunal Supremo de EEUU, en Washington.

El edificio del Tribunal Supremo de EEUU, en Washington. / ANDREW KELLY

Idoya Noain

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Aunque en 1973 el Tribunal Supremo de Estados Unidos legalizó el aborto con la sentencia de Roe v. Wade, la lucha por ese derecho ha seguido formando parte central en las guerras políticas, sociales y culturales del país. Ahora, después de que hace dos semanas el Alto Tribunal asentado en una cómoda mayoría conservadora 6-3 aceptara un caso planteado contra una restrictiva ley de Misisipí, ese derecho se encuentra en la situación más vulnerable de las últimas cinco décadas. Y no habrá decisión judicial hasta 2022, cuando la sentencia, sea cual sea, garantiza que el aborto será un asunto central de cara a las elecciones legislativas de ese otoño, pero la batalla ya se intensifica y se vuelve incendiaria, elevando además la presión sobre Joe Biden, el segundo presidente católico de EEUU.

Poco importa que la mayoría de estadounidenses, aproximadamente el 70% según sondeos, apoya el derecho al aborto. Hay grandes diferencias en ese respaldo entre demócratas y republicanos y en los estados controlados por conservadores el asedio al derecho es incesante. Solo en los cuatro primeros meses de presidencia de Biden, en legislaturas estatales bajo control republicano se han aprobado 536 restricciones, incluyendo leyes tan restrictivas como la de Misisipí (que prohibiría prácticamente todos los abortos después de 15 de semanas de embarazo) o incluso más.

Biden, por su parte, ha ido dando algunos pasos para protegerlo: desde revertir, como suelen hacer todos los mandatarios demócratas, una política que prohíbe a oenegés internacionales que reciben ayuda de EEUU practicar o incluso dar información sobre abortos hasta eliminar restricciones al acceso a la píldora abortiva o acabar con un veto en la financiación federal para investigación médica que usa tejido fetal.

Su acción más representativa hasta el momento, en cualquier caso, llegó el viernes, cuando al enviar su propuesta de presupuestos al Congreso Biden hizo algo que no había sucedido desde 1993 con Bill Clinton: eliminar de esas cuentas la enmienda Hyde, que veta el uso de fondos federales en prácticamente todos los casos de aborto. Es un paso importante pero también en buena parte simbólico, pues es prácticamente imposible que esa parte de las cuentas reciba los 60 votos necesarios en el Senado. Allí no solo tendrá la oposición de los republicanos sino, también, de algunos demócratas moderados que defienden la persistencia de la enmienda (algo que ya sufrió Clinton, que acabó con la enmienda en sus cuentas).

Ansiedad por la actitud de Biden

Los pasos de Biden y su Administración, en cualquier caso, no eliminan cierta ansiedad entre los más progresistas e involucrados en la protección del derecho al aborto sobre la forma con que el mandatario está abordando este momento de reto histórico.

El demócrata, devoto y practicante católico pero también un político extremadamente pragmático, ha ido evolucionando en su postura personal y se ha alineado con la posición dominante en un Partido Demócrata cada vez más progresista, donde además el aborto se enmarca ya en un tema de justicia económica y racial, especialmente porque las limitaciones en cuestiones como cubrirlos con fondos federales afectan desproporcionadamente a mujeres de bajos ingresos y de minorías.

Biden también, como ha recordado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, está "comprometido a codificar" el derecho al aborto pase lo que pase en el Supremo pero no ha presentado ninguna propuesta legislativa concreta ni una estrategia de cómo impulsar tal ley en el Congreso.

Incluso su lenguaje es cuestionado. El presidente, por ejemplo, suele hablar genéricamente de "salud reproductiva" y, para desesperación de algunos, ni siquiera usa la palabra aborto, como recuerda una web creada para denunciarlo. Destiny Lopez, del grupo All* Above All , que ha creado esa web, ha dicho que Biden "necesita mandar el mensaje de que apoya el derecho. Eso empieza por una administración que esté dispuesta a hablar del tema o a mencionar la palabra aborto". Y en 'The New York Times' Renee Bracey Sherman, defensora de derecho, remarcaba: "Si eres incapaz de decir la palabras vas a tener problemas asegurándote que la gente más impactada consigue el cuidado y las protecciones que son necesarias".

Tampoco Kamala Harris, que en campaña comparó una restrictiva ley de Alabama a una escena de 'El cuento de la criada', se ha pronunciado abiertamente sobre el aborto desde que llegó a la vicepresidencia.

El trascendental caso ante un Supremo transformado

El verano pasado, cuando el Tribunal Supremo de EEUU dictó sentencia contra una restrictiva ley de aborto de Luisiana, el voto 5-4 se logró porque el conservador presidente de la corte, John Roberts, sumó su voto al de los magistrados progresistas. En lo que suceda ahora con la ley de Misisipí, que veta todos los abortos tras 15 semanas salvo por algunas excepciones de emergencia médica o "anormalidades severas del feto", incluso ese voto sería insuficiente.

Tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg y su sustitución por la jueza Amy Coney Barrett, una de los tres magistrados que instaló en el Alto Tribunal Donald Trump, la mayoría conservadora ha pasado a ser 6-3. El voto de Roberts, que aparentemente se guía por una estrategia de reformas incrementales, bien puede esta vez no ser definitivo.

Lo que el Supremo ha decidido estudiar en el caso de Misisipí es si "todas las prohibiciones antes de la viabilidad en abortos electivos son inconstitucionales". Ese es el corazón de Roe, que desde 1973 prohíbe a los estados vetar el aborto antes de que el feto sea "viable", o capaz de sobrevivir fuera del útero, un tiempo que se estima en 23 o 24 semanas.

Los jueces podrían reafirmar, revisar o acabar con ese marco constitucional que se ha mantenido durante casi cinco décadas en EEUU. Y de terminar con él las consecuencias "serían devastadoras" en palabras de Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos. 22 estados podrían prohibir el aborto y 11 de ellos, incluyendo Misisipí, tienen en sus legislaciones provisiones que harían la prohibición inmediata en caso de que anule Roe.