A un mes de iniciada la protesta, el presidente colombiano Iván Duque decide militarizar Cali
Duque ordenó triplicar la presencia de las Fuerzas Armadas en el Valle de Cauca después de otro día convulso
Tres personas murieron por disparos de un civil ante la inacción policial, según organismos humanitarios
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
A un mes del inicio del estallido social colombiano, y tras los graves enfrentamientos en Cali que provocaron tres muertos y numerosos heridos, el presidente Iván Duque ordenó la militarización de esa ciudad donde, además, regirá el toque de queda. Según Duque, con esta medida no solo se triplicará la presencia de las Fuerzas Armadas en Cali, el epicentro de las protestas a nivel nacional. La orden alcanza a toda la región del Valle de Cauca. Los uniformados se harán presente "en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo urbano de baja intensidad".
Según el presidente, los canales de negociación con el Comité de Paro, no se han clausurado a pesar de un nuevo pico de tensión que también se ha sentido con fuerza en la capital, Bogotá. Sin embargo, remarcó que su principal deber es "proteger los derechos de toda la ciudadanía en todo momento y en todo lugar" y con "las herramientas" que da la ley.
Tras la intervención de Duque, el Comité de Paro defendió los bloqueos de las carreteras como una "posibilidad legítima" de la protesta. Aseguró a su vez que el cierre de los accesos a los centros urbanos no afecta la circulación de actividades esenciales. "Hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. Con lo cual no se está poniendo en riesgo la salubridad pública, la alimentación de personas y animales, el transporte y la soberanía alimentaria".
Las muertes en Cali
Cali volvió a estremecerse después del deceso de tres manifestantes en el barrio popular La Luna. Imágenes que circularon en las redes sociales permitieron reconstruir de inmediato lo que había ocurrido: un funcionario de la Fiscalía, armado y vestido de civil, fue el responsable de los disparos fatales. Luego, intentó huir. Fue capturado por otros asistentes a la marcha, quienes lo golpearon hasta matarlo. De acuerdo con el fiscal general Francisco Barbosa, el funcionario no estaba en servicio activo este viernes. Sin embargo
El senador Wilson Arias, senador del Polo Democrático (centroizquierda) dio a conocer un video con la presencia de supuestos infiltrados mientras disparaban contra los civiles en medio de la inacción policial. "Cada vez que el Gobierno y las FF. AA. digan que no infiltran la protesta, que condenan el paramilitarismo y respetan DD.HH recordémosles este video de hechos que acaban de ocurrir".
La oenegé Temblores denunció también que "civiles armados" agredieron a los manifestantes "en connivencia con la fuerza pública".
Colombia tiene más de 43% de pobres. La pandemia, que ha provocado 86.693 fallecidos, agravó la crisis económica y social. La protesta encontró en un país derrumbado su caldo de cultivo. Los colombianos se movilizaron primero contra la reforma tributaria, que Duque debió retirar. Luego rechazaron el sistema de salud. El Gobierno debió retirar su proyecto. Pero la protesta incluye otras demandas urgentes relacionadas con la ayuda a los sectores más castigados.
Las víctimas
En un mes de estallido, murieron al menos 43 personas, la mayoría por balas policiales. Human Rights Watch dijo contar con "denuncias creíbles sobre 61 muertes". Casi 139 personas se encuentran desaparecidas.
La acción de las fuerzas de seguridad ha dejado centenares de heridos. Temblores ha denunciado que 47 personas han tenido lesiones oculares como consecuencia de "disparos directos e intencionados en contra de las víctimas". En Bogotá se concentra el 60% de esos hechos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos le pidieron al Departamento de Estado norteamericano que el presidente Joe Biden condene la violencia policial en Colombia y suspenda todo tipo de asistencia al Gobierno.
La vicepresidenta y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, le abrió a regañadientes la puerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inspeccione lo que sucede en Colombia, aunque sin fecha. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le pidió a Ramírez autorice la presencia de la CIDH "a la mayor brevedad".
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