Protestas sociales

Varias asociaciones denuncian a Piñera por crímenes de lesa humanidad ante el TPI

  • El presidente chileno apoyó las acciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad

  • Durante las protestas murieron una treintena de personas y 347 perdieron el ojo

Carabineros detienen hoy a un manifestante durante una protesta junto al Palacio de La Moneda.

Carabineros detienen hoy a un manifestante durante una protesta junto al Palacio de La Moneda. / Alberto Valdés / EFE

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Victoria Flores

Chile "despertó" en octubre de 2019 después de que el Gobierno aumentase en tres céntimos el precio del billete del transporte público de Santiago. A partir de ese momento comenzaron una serie de manifestaciones y marchas en el país que se alargaron hasta la llegada de la pandemia y que llegaron a reunir a hasta dos millones de personas en la capital del país. Las protestas no solo ocurrieron en Santiago, sino que se extendieron por todo el país durante meses.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) han denunciado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya las decisiones tomadas por el presidente chileno, Sebastián Piñera, durante las protestas. En la carta enviada al TPI, los demandantes señalan que Piñera y sus colaboradores civiles y militares por "crímenes de lesa humanidad" que habrían sido "cometidos de manera generalizada y sistemática" desde el inicio de las protestas. "El elevado número de víctimas y el impacto que estas violaciones tienen en la población chilena y en la opinión pública internacional son de una gravedad tal, que se hace necesario abrir investigaciones por parte de la Corte", han explicado en el comunicado.

El presidente Sebastián Piñera aseguró entonces que estaban "en guerra contra un enemigo poderoso e implacable". Para frenar estas protestas, los cuerpos de seguridad ejercieron una fuerza y una represión que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) consideró que se encontraban “fuera de las normas y estándares internacionales de derechos humanos”. Además, señaló que esta fuerza se realizó durante la celebración de manifestaciones de carácter pacífico.

Casos sin investigar

Ya entonces, ACNUDH avisó al Gobierno chileno de que los Carabineros habían "incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos". En el la carta al TPI, los denunciantes señalan que las autoridades encargadas de proteger a los ciudadanos frente a estas violaciones "no han cumplido con su deber, ya que no las han investigado debidamente y sancionado a los responsables".

Miembros de carabineros dispersan a los manifestantes lanzando agua durante las protestas en contra del Gobierno.

/ Elviz González / EFE

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Los datos de las lesiones que se produjeron durante las marchas varían según las fuentes de 3.449 heridos que contabilizaba el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) hasta las 12.738 atenciones médicas de urgencias que indicaba el ministerio de Salud que se prestaron durante las movilizaciones. De las que tiene constancia el INDH, "51 sufrieron heridas de bala, 1.554 por perdigones, 198 por disparos de armas de fuego no identificadas y 180 por balines". A esto se le suman 1.446 que sufrieron golpes, inhalaciones de gas… Destacaron especialmente las lesiones oculares, que fueron 347. No solo eso, las protestas dejaron una treintena de muertos.

En un primer momento, como señala el documento presentado al TPI, el Gobierno apoyó las actuaciones de las fuerzas de seguridad y calificó los casos de abusos policiales como excesos eventuales. Con el paso del tiempo diversos ministros reconocieron la gravedad de los hechos y Piñera terminó anunciando una reforma del cuerpo de Carabineros y destituyó a dos ministros de Interior encargados de su funcionamiento.