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Crisis política en el país sudamericano

Chile suspende dos cumbres mundiales por las manifestaciones

Piñera reconoce que no controla la calle al dejar de ser sede de la cumbre de la APEC y COP25

En medio de una nueva jornada de movilizaciones crecen las denuncias contra la represión policial

Abel Gilbert

Los manifestantes en Chile se resguardan del ataque de la Polícia.

Los manifestantes en Chile se resguardan del ataque de la Polícia. / Reuters

"Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa". En medio de una nueva jornada de movilizaciones, el presidente Sebastián Piñera reconoció este miércoles que no puede controlar las calles de Santiago y anunció que Chile no organizará la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 16 y 17 de noviembre, ni la cumbre contra el cambio climático, COP 25, que debía inaugurarse el 2 de diciembre. El Gobierno de derechas consideraba que su carácter de anfitrión de ambas citas suponía un reconocimiento internacional. Sin embargo, señaló el portal El Mostrador, esa estrategia "se ha hundido" como consecuencia del estallido social que se desencadenó el 18 de octubre y cuyos remezones amenazan con enquistarse.

La realidad chilena entró en otra dimensión. Según distintos analistas, cuesta todavía comprender cómo el Gobierno desatendió el malestar que se estaba acumulando en la sociedad, al punto de que ni siquiera los servicios de inteligencia advirtieron de las convulsiones que se asomaban en el horizonte y desembocaron en la presencia de más de 1,2 millones de chilenos a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, el pasado viernes.

A esta altura de la crisis, Piñera, que ya reconoció su "sordera" a los reclamos, prometió una módica agenda de cambios y renovó su equipo de ministros, se encuentra sin herramientas para retomar la ofensiva política. La suspensión de las cumbres aparece ante los ojos de los analistas como una prueba de su impotencia. La única certeza que tiene el presidente ha venido de la consigna con la cual se han convocado a las nuevas manifestaciones en las principales ciudades del país: "esto no ha terminado".

Acusaciones contra la policía

La movilizaciones integran a la fiesta y el desparpajo de las mayorías, por un lado y a la violencia de un sector minoritario quienes ocupan el espacio público encapuchados. La policía militarizada (Carabineros) quedó además en el centro de las denuncias por el uso excesivo e indescriminado de la represión. "Ha ocurrido algo completamente intolerable, se disparó a mansalva", denunció el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. 

El flamante ministro del Interior, Gonzalo Blumel, lamentó la situación. "Le he pedido a la policía que se realicen las investigaciones correspondientes", dijo. Blumel acaba de reemplazar en ese cargo a Andrés Chadwick, primo del presidente Piñera, quien está cerca de enfrentar una acusación constitucional por las 20 muertes reconocidas y los 1.233 heridos que dejó el estallido social desde su inicio, así como las imágenes de saña de los uniformados con hombres y mujeres de distintas edades que trajeron a la memoria las maneras de la última dictadura militar (1973-90). "Nos quieren criminalizar por cumplir un mandato constitucional", reaccionó el director de la fuerza de seguridad Mario Rozas. 

El futuro del conflicto

La posibilidad de que el conflicto se mantenga latente gana cada vez más aceptación. El poderoso sindicato de los trabajadores mineros le dio un portazo en la cara al Gobierno y aseguró que el diálogo sólo será posible si se aclaran asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Unidad Social, la alianza que agrupa a los distintos movimientos sociales que lideran las marchas, se prepara para entregarle al Gobierno una serie de reinvindicaciones que considera esenciales para que se desactive el malestar. Luis Mesina habló de un salario mínimo de 500.000 pesos (615 euros), una pensión mínima de un monto equivalente, reconocimiento pleno de la libertad sindical, servicios básicos protegidos, reducción de la jornada de trabajo y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que elimine todo vestigio institucional del pinochetismo.

"Cada vez es más fuerte la idea de que hay que revisar la Constitución. Eso es legítimo y yo creo que hay que conversarlo", dijo el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, una de las formaciones que integran el Gobierno. Esa hoja de ruta podría contribuir a desactivar parte de la protesta.

Bonn se perfila como sustituta

La cancelación de la cumbre del clima en Santiago no implicará que no vaya a celebrarse. La organización está barajando diversas opciones, pero debido al poco tiempo que falta para que dé inicio (el 2 de diciembre) se necesita una ciudad que cuente con unas infraestructuras y una capacidad organizativa potentes.

Hace unas semanas, cuando estalló la crisis chilena, se ofreció Costa Rica. Sin embargo, la opción que cuenta con más posibilidades es la de Bonn, que ya ha acogido varias cumbres y múltiples reuniones sobre medio ambiente por ser la sede de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.