Colombia sufre una oleada de asesinatos de dirigentes sociales

Gerardo León y Diego Betancourt Higuera eran maestros. El primero enseñaba en la zona rural de Puerto Gaitán, a 311 kilómetros de Bogotá. Betancourt lo hacía en el municipio de Yopal, a una distancia similar de la capital colombiana. Uno y otro habían alzado la voz en defensa de sus pequeñas y olvidadas comunidades. Y si se acordaron de ellas es por la sangre derramada. A León lo asesinaron el primer día del año. "Ingesta de licor e intolerancia", dijo la policía y habló de una simple riña. "Uso de arma blanca", apenas consignaron los investigadores sobre la segunda muerte. Los casos ya presagian un 2021 luctuoso.

De momento, el balance de 2020 es espeluznante. Ni siquiera la pandemia ha detenido a la maquinaria de sufrimiento presente en 250 de los 1123 municipios de Colombia y que tiene fundamentalmente como protagonistas a facciones paramilitares y bandas de narcotraficantes. Sus armas han aniquilado a 310 dirigentes sociales, según el Instituto de Estudio para el Desarrollo de la Paz (Indepaz). La cantidad de crímenes se ha incrementado un 23% frente a las cifras de 2019.

Las balas se han dirigido contra docentes, exfuncionarios públicos, comunicadores, cooperativistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, dirigentes campesinos, indígenas o de las comunidades afrocolombianas. Han matado también a defensores del medio ambiemte y opositores a proyectos mineros legales e ilegales y de construcción de hidroeléctricas.

El departamento de Cauca se encuentra a 460 kilómetros por carretera de la capital. En esa región ubicada al sur oeste han acabado con la vida de 94 líderes sociales, casi un tercio del total nacional. La Mesa por la Vida en Cauca ha intentado reflejar el estupor a través de una serie de murales digitales realizados por artistas renombrados. Pero el arte no conmueve a los sicarios.

En 2020 fueron también asesinados 64 excombatientes de las FARC que se creían al amparo de los beneficios del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla que, a partir de ese momento, entregó sus armas mayoritariamente. Yolanda Zabala Mazo y su hermana, cinco años menor, estaban por irse a dormir, en la madrugada del 1 de enero, cuando unos hombres entraron a la vivienda en el municipio de Briceño, a apenas 32 kilómetros de Bogotá, para acribillarlas.

"Cuando se hagan los balances sobre el año 2020, se dirá que ha sido el año más violento para los defensores de derechos humanos en las últimas dos décadas; pero también ha sido el año en que desde distintos sectores se han sumado esfuerzos para ayudar a contener la ola de asesinatos", ha señalado Lars Bredal, jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Hace un año y medio, las 16 embajadas de los Estados miembros de la UE, junto con Noruega y Suiza, se unieron para llevar adelante la campaña "Defendamos la Vida".  Según Bredal, "había un fuerte deseo de hacer algo" frente al promedio de muertes. “Un asesinato es demasiado y alarmante”.

Las causas

De acuerdo con Indepaz, tras la finalización del conflicto armado, emergió en las zonas de mayor enfrentamiento "un multitudinario movimiento social y político de esperanza y de nuevas reivindicaciones". El avance de esos nuevos liderazgos fue rechazado por "pequeños y grandes intereses de grupos legales e ilegales". El Gobierno de derechas del actual presidente, Iván Duque, da "prioridad a una nueva estrategia de guerra y de persecución" en lugar de "responder con ampliación de la democracia y políticas sociales". El presidente, subraya Indepaz, ha abandonado "los acuerdos sobre reforma rural, concertación para la sustitución de economías cocaleras, restitución de tierras y derechos a las víctimas de la guerra que suman más de 10 millones de colombianos".

Norbey Rivera era uno de los que se sentía en peligro permanente. "Aquí muchos líderes han perdido la vida. Yo no le tengo miedo a la muerte, pues entre más miedo le tengamos, más ligeramente llega”, dijo el dirigente campesino. Un grupo de pistoleros lo acribilló el 30 de diciembre. Su esposa, Nancy Santacruz, una concejala de ese municipio caucano, debió abandonar el territorio en medio de los festejos del día 31 cuando le avisaron que iban a por ella. Hizo su travesía mientras casi toda Colombia brindaba por un 2021 mejor.

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