Pobreza, paro y desahucios: las heridas económicas de la pandemia en EEUU

La necesidad de ese rescate, el segundo mayor de la historia del país tras el aprobado también contra la pandemia en marzo pero menor de lo que consideran necesario muchos economistas, es imperiosa. En un país que ha registrado ya más de 18 millones de contagios y más de 323.000 muertos el virus ha resurgido con mayor fuerza aún en las últimas semanas. Han vuelto las medidas de confinamiento para tratar de frenar la propagación y, con ellas, cierres de negocios (en muchos casos, sobre todo de pymes y especialmente de bares y restaurantes, definitivos).

Se pierden empleos y sueldos y se intensifican los apuros. Los últimos datos económicos anunciados este miércoles muestran una caída de los ingresos personales, del 1,1% (y del 3.6% desde julio), el primer descenso desde abril del gasto del consumidor. Lo que en verano prometía ser una recuperación rápida se ha estancado. Resucita la amenaza de la doble recesión, más cuando el cortafuegos que fue el primer rescate masivo se está evaporando y el segundo se ha dejado, desde el Despacho Oval, en el limbo. Y los expertos avisan de que, cuanto más tarde en colocarse esa tirita, más permanente será la cicatriz de las heridas, y el país no deja de sangrar.

El paro y la pobreza

Unos 20 millones de estadounidenses están en el paro o han salido de la masa laboral y sin el rescate hasta 14 millones se quedarían sin prestaciones. En noviembre solo se crearon 245.000 puestos de trabajo, el número más bajo desde que empezó la recuperación. Y las dos últimas semanas han visto como, cada una, más de 800.000 personas se apuntaban a los programas de desempleo estatales, mientras otros 400.000 trabajadores temporales y de la gig economy buscaban los subsidios federales que se han creado para ellos (que expirarán sin el rescate). 

La pandemia ha hecho que casi ocho millones de estadounidenses, incluyendo 2.5 millones de niños, hayan caído desde junio en la pobreza, oficialmente marcada en EEUU en poco más de 26.000 dólares de ingresos anuales para una familia de cuatro miembros. El 11.7% de la población del país ya entra en esa clasificación y se ha dado el mayor salto (2,7% desde junio) desde que se empezaron a recoger datos hace seis décadas. Los más afectados, de nuevo, son negros y latinos.

Son millones más los que sufren lo que se conoce como “inseguridad alimentaria”. Y si el año pasado la experimentaron 35 millones de estadounidenses, la organización Feeding America calcula que el problema puede afectar a 50 millones para cuando acabe el año. Uno de cada seis ciudadanos.

Millones al borde del desahucio

Como la de alimentación, la crisis de la vivienda es especialmente profunda. Para enero 12 millones de estadounidenses, tres millones más que en noviembre, deberán de media 5.850 dólares (unos 4.800 euros) en pagos de alquileres retrasados y facturas de servicios como luz, agua y teléfono. Comparados a datos de 2013 y 2017 los impagos se han multiplicado un 300% hasta el 18%.

Esas dificultades golpean especialmente duro a familias con niños (21%) y de color (29% negros y 17% hispanos) y un análisis de la Reserva Federal de Filadelfia advierte también del impacto desproporcionado en las madres solteras. Como le ha dicho a ‘The Washington Post’ Mark Wolfe, director de Asociación Nacional de Asistencia Energética: “Es como una novela de Charles Dickens, una historia de cómo la gente más abajo está sufriendo”.

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Según datos de la Asociación de Banca Hipotecaria solo en el tercer trimestre hubo impagos de más de 19.000 millones (29.000 millones en deuda estudiantil) pero los números de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, y los de Moody’s, permiten abrir aún más el objetivo y ver mejor la dimensión de la crisis: para el 31 diciembre se deberán en alquileres hasta 70.000 millones de dólares.

Eso hacía que uno de los elementos más ansiados del paquete de ayudas que ahora Trump hace zozobrar sea el de la extensión de la moratoria de desahucios que los Centros de Control de Enfermedades dictaron en otoño, que expira el 31 de diciembre y que el nuevo rescate prolonga, aunque solo un mes. Pero ni siquiera esas protecciones alejan a muchos de quedarse sin techo. Cada estado tiene reglas diferentes, la protección no es automática, mucho está en manos de los jueces y nada ha impedido que muchos caseros ya hayan presentado demandas contra sus inquilinos.