Los tres elementos de la discordia en la negociación entre Londres y Bruselas

Un acuerdo pesquero

Si hay un ámbito en el que británicos y europeos han chocado con particular virulencia durante la negociación del futuro acuerdo comercial es el de la pesca. Una vez que expire el período transitorio, el Reino Unido recuperará el control exclusivo de sus aguas y de la llamada zona económica exclusiva –la franja marítima hasta las 200 millas náuticas- lo que significa que la flota europea perderá el acceso directo a un rico caladero en el que faenan buques de ocho Estados miembros: Francia, Irlanda, España, Bélgica, Países bajos, Suecia, Alemania y Dinamarca.

Hasta ahora, y gracias a la existencia de la Política Pesquera Común, Londres estaba obligado a compartir esos recursos en base a unos derechos históricos que determinan el reparto de cuotas que negocian a finales de cada año los Estados miembros y que según las asociaciones de pescadores británicos limita el acceso a sus propios recursos. Reflejo de la nueva situación, el Reino Unido exige restringir el acceso de la flota europea de forma drástica y negociar cada año el reparto de las cuotas a las que tendrán acceso los buques europeos como ocurre con Noruega, Islandia o las Islas Feroe. “Actualmente solo tenemos acceso a la mitad de los recursos pesqueros en nuestras aguas lo que es profundamente injusto para nuestros pescadores y hemos sido claros de que esto tiene que cambiar”, ha dicho el secretario de estado británico George Eustice, en la radio de la BBC.

La UE, por su parte, reclama el 'statu quo' y un acuerdo que no obligue a negociar anualmente el reparto de cuotas y garantice una cierta estabilidad al sector. Bruselas se niega además a desvincular el reparto de cuotas, tal y como pide Londres, del acceso al mercado europeo para los productos pesqueros británicos. La cuestión es que tres cuartas partes de las capturas que realiza el Reino Unido se exportan a la UE. Esto significa que sin acuerdo los pescadores europeos no tendrán cuotas en el caladero británico pero los productos británicos también tendrán que abonar aranceles aduaneros para acceder al mercado único europeo. 

Reglas claras antidumping

Tan compleja como la pesca es la negociación del llamado 'level playing field', el segundo gran obstáculo sin cuya solución no habrá acuerdo comercial con el Reino Unido. Se trata del término utilizado para definir una serie de reglas comunes destinadas a mantener un terreno de juego limpio y una competencia comercial y económica leal a ambos lados del Canal de la Mancha, una vez se consume el 'brexit' económico el 1 de enero y el Reino Unido deje de formar parte de la unión aduanera y el mercado interior.

Para que el Reino Unido siga teniendo acceso libre, sin cuotas ni aranceles, al mercado interior europeo de 450 millones de consumidores, la UE exige el respeto de una serie de estándares sociales, laborales, medioambientales, fiscales o de ayudas de estado para evitar que Londres se convierta en una especie de “Singapur sobre el Támesis” a las puertas de Europa y haga competencia desleal a las empresas europeas. Dicho de otra forma cuanta más divergencia de normas quiera Londres menos libre será el acceso. “Estamos dispuestos a ser creativos pero no pondremos en cuestión la integridad del mercado único”, insiste Bruselas.

Una gobernanza clara

Para los Veintisiete, igual de importante que garantizar una competencia leal entre ambos bloques, es establecer una gobernanza efectiva y adecuada del futuro acuerdo comercial. Dado que el Gobierno británico ha rechazado la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE y que los jueces europeos sigan actuando como árbitro en las disputas que puedan surgir en el futuro, Bruselas considera esencial la inclusión en el pacto de un mecanismo de resolución de conflictos vinculante que garantice el respeto y la correcta aplicación del acuerdo.

Un elemento todavía más crucial si cabe desde que el Reino Unido anunciara en septiembre pasado una ley del mercado interior que, según Bruselas, vulnera el acuerdo de divorcio acordado por ambas partes al permitir a las autoridades británicas saltarse algunas de las disposiciones pactadas. Un gesto que ha generado mucha desconfianza en esta fase final de la negociación e incluso el inicio de acciones legales contra el Reino Unido.