crisis en el país andino

Crecen las protestas en Perú contra el presidente provisional Manuel Merino

Las movilizaciones no tienen precedentes desde la salida del poder del dictador Alberto Fujimori hace dos décadas

España, los EEUU, la ONU y el Reino Unido han mostrado su preocupación por el abuso de la fuerza policial en contra de los manifestantes

Protestas sociales en Perú en contra del presidente Manuel Merino.

Protestas sociales en Perú en contra del presidente Manuel Merino. / Reuters

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Abel Gilbert

Perú es escenario de protestas y movilizaciones sin precedentes desde la huída de Alberto Fujimori hace dos décadas. El detonador del malestar ha sido el nuevo Gobierno provisional que encabeza el legislador Manuel Merino. El uso excesivo de la fuerza para reprimir las movilizaciones en su contra ha provocado a su vez una ola de rechazos internacionales. Las manifestaciones en repudio a la destitución por parte del Congreso del también jefe de Estado interino, Martín Vizcarra, han llamado la atención por características que no se vían desde el año 2000: diversidad y un fuerte componente juvenil. "Se aprecia asimismo una presencia masiva de mujeres con un lenguaje y organización propios", consignó el diario La República. "Algo les fastidia pero no logro entender qué”, dijo sobre la presencia de miles de personas en las calles el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, un casi octogenario dirigente que proviene del espectro político más conservador de la sociedad y que deberá obtener el voto de confianza de la legislatura para mantenerse en el cargo junto con los demás ministros. Las multitudinarias protesta de cuatro días han provocado fisuras en el bloque parlamentario que votó a favor de la destitución de Vizcarra.

Vizcarra tuvo que abandonar la presidencia por "incapacidad moral" y tras la denuncia de haber recibido sobornos cuando era gobernador de la región de Moquegua, seis años atrás. Merino asumió la presidencia y conformó un equipo ministerial bien inclinado hacia la derecha y con funcionarios que provienen del  fujimorismo y el Partido Aprista del expresidente Alan García, quien se pegó un balazo en la cabeza hace dos años para evitar ir a la cárcel por corrupción. 

Violencia estatal

 La represión policial a los manifestantes no hizo más que ensanchar las distancias entre las expectativas de buena parte de la sociedad y las acciones de las autoridades transitorias. El exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, al frente del ministerio del Interior, consideró apenas como simples "percepciones" la violencia de las fuerzas de seguridad. "Son represión, inadmisible e insoslayable. Y sería bueno que en el Gabinete comiencen a ver esto", dijo el diario El Comercio en su editorial de este sábado. "Merino, con represión solo conseguirás terminar en la cárcel, los jóvenes no marchan por colores políticos, marchan por su país ¡te metiste con la generación equivocada!", dijo el ex futbolista y precandidato a la presidencia, George Forsyth. 

Mientras que Merino se mantiene en silencio, a pesar de las numerosas críticas a su legitimidad, países como Inglaterra, los EEUU y España se sumaron a los pronunciamientos de organizaciones internacionales como la ONU, para que se respete el proceso democrático y el derecho a la protesta en Perú. Las elecciones generales deben llevarse a cabo en abril de 2021. El nuevo mandatario asumirá el 28 de julio del año venidero. Algunos analistas se preguntan si el impopular Merino podrá permanecer en el cargo estos meses si las protestas siguen creciendo. Merino ha optado por mantener un muyu bajo perfil.

Revanchas y chantajes

Antes de invisibilizarse, el agrónomo Merino dijo que desea "mantener libre de responsabilidad al partido de cualquier acto de Gobierno" y aseguró que durante la votación del lunes pasado que decidió la suerte de Vizcarra, todos los integrantes de su bancada de Acción Popular actuaron "con plena libertad de conciencia, total independencia, convicción y ajenos a cualquier influencia del partido". Merino, busca evitar que el Tribunal Constitucional (TC) lo declare inconstitucional e intentó interferir en la demanda que Vizcarra presentó hace un mes y medio para que el alto tribunal defina los alcances de una destitución por "incapacidad moral".

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Esto quedó en evidencia luego de que se supiera que la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, pidió la renuncia del procurador general, Daniel Soria, que ejerce la defensa del Estado en este caso, al argumentar que el Ejecutivo haría "un cambio en la estrategia" sobre este asunto. Aunque esa información fue revelada por el mismo Soria, Muñoz evadió confirmarla pero aseguró que "nunca" dijo que se iba a desistir de la demanda y admitió que "aún no está definida cuál va a ser la estrategia" sobre el caso.

Semanas antes de desmoronarse, el Gobierno de Vizcarra había presentado una demanda ante el TC tras el primer intento de destitución por "incapacidad moral" que enfrentó en septiembre pasado, aunque el tribunal aplazó su decisión por un plazo que vence la próxima semana.