Los hijos de Bolsonaro comparecerán ante la policía por protestas "antidemocráticas"

La Policía Federal de Brasil llamó a declarar como testigos a Carlos y Eduardo Bolsonaro, hijos del presidente Jair Bolsonaro, dentro de una investigación que avanza sobre la organización de manifestaciones de ultraderecha calificadas de "antidemocráticas", informaron este miércoles medios locales.

El caso fue abierto en abril pasado a petición de la Fiscalía, que intenta descubrir quién promueve y financia esas protestas ultras en las que se suele pedir el cierre del Parlamento y la Corte Suprema mediante una "intervención militar" que mantenga a Jair Bolsonaro en el poder.

La Policía ya realizó diversas operaciones contra varios de los supuestos integrantes de estos grupos radicales, acusado de impulsar esos actos tildados de "antidemocráticos" por el Ministerio Público y en algunos de los cuales participó el propio jefe de Estado.

Esas acciones resultaron en la detención de activistas de movimientos de ultraderecha, que tienen a Bolsonaro como su máximo líder, y en el registro de inmuebles de allegados al mandatario, entre ellos empresarios y parlamentarios de su círculo político.

En ese contexto, la comisaria Denisse Dias Ribeiro, que conduce el caso, el cual tramita bajo la supervisión del Tribunal Supremo, llamó a declarar en calidad de testigos a dos de los hijos de Bolsonaro: el concejal de Río Carlos y el diputado federal Eduardo, según señaló el diario O Globo.

Hasta el momento, de acuerdo con el rotativo, Carlos y Eduardo no son investigados en este caso que corre bajo secreto de sumario en la Justicia.

Para Dias Ribeiro, los dos hijos del presidente pueden ayudar en el desarrollo de las investigaciones debido a su vinculación política con algunos de los sospechosos que están en la mira de las autoridades, indicó el diario Folha de Sao Paulo.

Desde el inicio de su mandato, Bolsonaro, cuyo Gobierno tiene un marcado acento militar y es un nostálgico de la última dictadura militar (1964-1985), ha tenido roces con los poderes Legislativo y Judiciario, que han suspendido o matizado algunas de sus más polémicas medidas, como la liberación de armas a la población civil.