22 sep 2020

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Un informe de la ONU acusa al Gobierno de Maduro de "crímenes de lesa humanidad"

El documento, de más de 400 páginas, expone que "las autoridades del Estado ejercían poder y supervisión" sobre los autores de la "ejecuviones extrajudiciales", "torturas" y "desapariciones forzosas"

Abel Gilbert

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. / EFE

"La Misión ha encontrado motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos". El informe dado a conocer por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) señala como responsable último al Gobierno de Nicolás Maduro. El escrito ha salido a la luz cuando Maduro intenta dotar de credibilidad a la elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. El informe destaca parte de las acciones, "incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura", constituyen "crímenes de lesa humanidad".

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, hizo saber a través de un comunicado que las autoridades del Estado, "tanto a nivel presidencial como ministerial", ejercían el "poder"  y la "supervisión" sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, así como "las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".  La Misión ha investigado en esta oportunidad 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió otros 2.891 casos para "corroborar los patrones de violaciones y crímenes", como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que "el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe. El ministerio de Exteriores venezolano solo se limitó a recordar su posición fijada en diciembre pasado de rechazo a la"pretendida misión". Entonces, el Gobierno condenó el "vergonzoso uso político de los mecanismos de este Consejo por parte de un grupo reducido de Gobiernos con graves expedientes de violación de Derechos Humanos" y con el propósito de "atacar las legítimas instituciones del Estado venezolano".

El dirigente de la oposición y  presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, tuvo, como era de esperar, una lectura diferente y calificó el informe de los  investigadores de la ONU de "documento histórico". Según el autoproclamado "presidente encargado", el texto "relata el drama que hemos atravesado los venezolanos" y "despeja cualquier duda" de que "Maduro es un criminal". Guaidó está convencido de que el pronunciamiento representa "un gran avance" y "mueve el tablero a favor de nuestra lucha por la libertad".

Los precedentes

Las conclusiones se conocen pocos días después de que el Palacio de Miraflores indultara a más de un centenar de opositores detenidos por razones políticas, en el marco de los intentos por crear mejores condiciones para la celebración de los comicios parlamentarios. El tono del informe de la Misión de la ONU no ha sorprendido a los conocedores de la realidad venezolana. De hecho, en julio pasado, su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, había hecho severos señalamientos. La ex mandataria también había hablado de "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas".

La posición oficial

Pocas horas antes de que se conociera el pronunciamiento de la Misión, el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, había ratificado el compromiso de su país con el fortalecimiento de los derechos humanos. También había expresado la voluntad de continuar con la asistencia técnica de la Oficina de la alta comisionada en Caracas. A su vez, Valero había denunciado nuevamente las sanciones de la administración Trump y sus efectos en la economía y la población.

"Venezuela es un país soberano que avanza hacia la justicia social, por el camino de la paz y reitera su plena voluntad de continuar estrechando los lazos de cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la alta comisionada", dijo