La crisis bloquea las reformas estrella del presidente Macron

“Difícil”. Emmanuel Macron describe así el actual panorama económico y social. Con una caída del PIB del 13,8% en el segundo trimestre del 2020 -el mayor desplome desde 1949- y la destrucción de 715.000 empleos a lo largo de los últimos seis meses, más que difícil, parece dificilísimo. Atrapado por su propia filosofía política, el presidente francés se enfrenta a una misión delicada: reactivar una economía fragilizada por la crisis sanitaria y llevar a buen puerto sus impopulares proyectos estrella.

La gestión de la epidemia y la planificación de un masivo plan de reactivación capaz de mantener a flote la economía han eclipsado durante los últimos meses la agenda del presidente. Sin embargo, Macron no ha renunciado, ni piensa hacerlo, a la reforma de las pensiones y de las prestaciones por desempleo. La primera, principal eje vertebrador de su política, costó al presidente la huelga de transportes más larga de la historia de Francia. La segunda, incluida en el paquete de medidas destinadas a liberalizar el mercado laboral y considerada “profundamente injusta” por los sindicatos, podría despertar una nueva movilización general. Si bien, renunciar a cualquiera de ellas supondría 'de facto' abdicar de su trono reformista. Ayer volvieron a salir a la calle los 'chalecos amarillos' en varias ciudades francesas. La jornada se saldó con más de 200 detenidos.

“¿La reforma de las pensiones debe ser tirada a la basura? No. Sería un error”, insistió Macron el pasado mes de julio en una entrevista concedida a la prensa regional. “No podemos ser un país que quiera la independencia, la recuperación social, económica y medioambiental […] y, a la vez, ser uno de los países donde menos se trabaja durante toda la vida en Europa”, subrayó retomando su habitual discurso. Sin embargo, dada la crisis económica y social que se avecina, el jefe de Estado dejó la puerta abierta a posibles cambios en su contenido.

El actual primer ministro Jean Castex, sucesor del principal ideólogo de la contestada reforma  Édouard Philippe, anunció en julio el aplazamiento del proyecto relativo a las pensiones, cuyas discusiones no se retomarán hasta finales de año. “Aplicaremos un nuevo método retomando la concertación en los próximos meses para mejorar su contenido y su legibilidad para nuestros conciudadanos”, apuntilló el jefe del Ejecutivo.

Gasto público

A la espera de conocer el verdadero impacto de la crisis económica en el mercado laboral, la entrada en vigor de la reforma del paro será aplazada hasta enero de 2021. Con el objetivo de reducir al máximo el gasto público, la estrategia del Gobierno se centra en endurecer las condiciones para cobrar las prestaciones por desempleo: hasta ahora, un desempleado debe haber trabajado como mínimo 4 de los 28 meses anteriores a su despido; cuando entre en vigor la nueva normativa, se exigirá un mínimo de 6 meses trabajados durante un periodo de 24.

Según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo podría alcanzar al 9,5% de la población activa a finales de año en Francia. Las principales víctimas de esta crisis económica desatada por el covid-19 son los jóvenes, así los demuestran los números: el  pasado mes de julio, 550.000 menores de 25 años pasaron a engrosar la lista del paro, un aumento del 20% respecto al mes de febrero, justo antes del confinamiento general de la población. En este contexto, obstaculizar el acceso a los subsidios podría acentuar aún más la crisis social. Un nuevo rompecabezas que podría entorpecer la agenda macronista.

Y mientras los meses venideros se anuncian, cuando menos, inciertos, Macron piensa ya en un futuro lejano. “Con 'France Relance', retomar el destino en nuestras manos, construir la Francia de 2030”, reza el eslogan destinado a presentar el gigantesco plan de reactivación económica que movilizará 100.000 millones de euros -financiados en un 40% por fondos europeos-. “La verdadera ambición [del plan] no reside en la importancia de los medios movilizados para apoyar la actividad a corto plazo, sino en su filosofía de transformación […] Transformar el riesgo en suerte, la crisis en oportunidad, invirtiendo en primer lugar en las áreas más prometedoras, las que sostendrán la economía y crearán los empleos del mañana. Esta es nuestra elección: el futuro y la proyección”, continúa el jefe de Estado, recuperando sus vocablos de predilección: oportunidad, transformación y futuro.

La transición ecológica, la cohesión social y territorial, así como la competitividad empresarial, conforman los principales epígrafes del plan destinado a transformar la economía francesa. El objetivo es ambicioso: recuperar los niveles de actividad anteriores a la crisis y reducir el desempleo en el 2022. Según las estimaciones de Jean Castex, la inyección de recursos se traducirá en la creación de 160.000 empleos el próximo año, una promesa arriesgada a la vista de la velocidad a la que se destruyen.

Ayudas a la inversión

No habrá una subida de impuestos, juran y perjuran desde el Ejecutivo, que promete en cambio una bajada de impuestos sobre la producción de 20.000 millones de euros en los próximos dos años para incentivar la competitividad y la reindustrialización. Ayudas a la inversión, créditos participativos, planes de fomento de empleo para los más jóvenes o la digitalización de las empresas, son algunas de las medidas incluidas en el futurista proyecto de reactivación.

Demostrar su eficacia para transformar la economía francesa y, sobre todo, mantenerla a flote, será indispensable para el futuro de Macron y de su Gobierno. El tiempo corre y el balance de su quinquenio necesita más que nunca sumar victorias de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Por ahora, su estrategia reformista deja mucho que desear. Esta misma semana, un informe realizado por el ministerio de Solidaridades junto al Instituto Nacional de Estadísticas, compromete la eficacia de sus reformas fiscales del 2018, entre ellas la controvertida reducción del impuesto sobre la fortuna (ISF)  -considerado por muchos como “un regalo a los ricos”-. Las conclusiones del estudio son poco alentadoras: las desigualdades se han agravado con las reformas y su peso en las arcas públicas asciende a 2.900 millones de euros, frente a los 5.100 millones prometidos por Macron.