Insólita medida
El Parlamento boliviano aprueba el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus
La aprobación choca con las advertencias del Ejecutivo para que no se use este producto por los riesgos para la salud
A pesar de que las autoridades sanitarias anunciaron procesos penales, el producto se vende en farmacias del país con una notable demanda. /
El Parlamento de Bolivia aprobó este miércoles una ley que apoya el dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19, pese a que el Gobierno interino del país persigue penalmente su uso por los riesgos que conllevara para la salud.
Una ley que regula el uso de forma excepcional de este producto para enfermos del nuevo coronavirus terminó su tramitación parlamentaria y fue remitida al Ejecutivo transitorio para su promulgación.
La Asamblea Legislativa de Bolivia tiene mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que mantiene un pulso con el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, quien se ha negado a promulgar varias leyes y ha sido quien ejerce como presidenta del Parlamento, Eva Copa, del partido mayoritario, quien las ha sancionado.
El MAS defendió en la sesión del Senado en que fue aprobada la norma en esta jornada que el uso de este químico "no es obligatorio", sino un "medio alternativo" de forma preventiva o curativa ante la enfermedad.
La elaboración del producto corresponderá a laboratorios autorizados y su envase debe informar de la dosis y las precauciones con que debe tomarse, para su comercialización en farmacias y clínicas autorizadas pero sin necesidad de receta médica, de acuerdo a esta norma.
De forma excepcional, la ley prever liberar de aranceles la importación del producto, cuyo "uso alternativo" está previsto "mientras exista riesgo de contagio de coronavirus", según el MAS, que espera que la norma acabe con un "mercado negro" de este químico en el país.
La aprobación choca con las advertencias del Ejecutivo transitorio para que no se use dióxido de cloro como remedio ante la COVID-19 por los riesgos para la salud, advertidos por organismos sanitarios internacionales y de varios países en distintos continentes, por efectos nocivos como la destrucción de tejidos en los sistemas respiratorio, gastrointestinal, hepático y renal.
A pesar de que las autoridades sanitarias anunciaron procesos penales, el producto se vende en farmacias del país con una notable demanda.
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