Crisis sanitaria internacional
Crecen los asesinatos de mujeres y violaciones en Perú durante el confinamiento
A menos 21 mujeres han sido asesinadas en el país andino desde el inicio de la pandemia
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
Perú es uno de los focos de la pandemia en Sudamérica: roza las 7.000 muertes y supera los 230.000 contagios por covid-19. El Gobierno del presidente Martín Vizcarra decretó desde finales de marzo una cuarentena estricta que no evitó la crisis sanitaria ni otras situaciones atroces: desde sus inicios se han cometido 21 femicidios y otras 25 mujeres sobrevivieron para contar el calado de la violencia de género en el país andino. Habían sido golpeadas, acuchilladas o acribilladas a balazos. Pero ahí no termina el espanto: unas 1.000 mujeres han desaparecido y se han cometido 342 violaciones a niñas y adolescentes.
Eliana Revollar, encargada de velar por los derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo, recordó que las agresiones no comenzaron con el coronavirus. "Hay un abuso sexual continuo. Hay sometimiento, amenazas de matarlas, de matar a la familia... Es un sufrimiento permanente", manifestó al diario limeño 'La República'. Revollar señaló que la violencia sexual se ha agudizado con el hacinamiento familiar. Esto ha obligado a las mujeres a "estar confinadas con estos agresores, que pueden ser padres, padrastros, abuelos o tíos".
La lacra de la desigualdad
La economía peruana crece de manera sostenida desde comienzo del siglo. El PIB pasó de los 51.745 millones de dólares a 222.045 millones. Pero la matriz de la desigualdad no se ha modificado: faltan al menos dos millones de viviendas. Solo en Lima, el déficit habitacional es del 51%. Ocho millones de ciudadanos, muchos de ellos concentrados en las chabolas periféricas que se conocen como "pueblos jóvenes", no cuentan con agua potable. Miles de personas abandonaron la ciudad y volvieron a áreas rurales por falta de trabajo. Parte de esas trayectorias las hicieron a pie.
Cinco de cada 10 hogares reciben bonos del Estado para mitigar la falta de empleo en un país donde el trabajo informal es predominante. En muchos "pueblos jóvenes" flamean banderas blancas. Es una señal de que se pasa hambre. La violencia de género no tiene su estandarte de alerta, pero circunda en esos vecindarios. El aislamiento favoreció las condiciones para un despliegue mayor de los problemas preexistentes y, según los colectivos feministas, naturalizarlos.
Nancy Tolentino, responsable del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como AURORA, reconoce que el "espacio doméstico" se ha construido en esas chabolas como un territorio de riesgos latentes "para la niña, la adolescente y la adulta". No solo hay que protegerse del covid-19 sino de la posibilidad de las agresiones de género. Tolentino admite que muchos casos no están siendo denunciados.
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