Los niños migrantes, víctimas de Trump también en la pandemia

La pandemia del coronavirus ha dado a Donald Trump y a Stephen Miller, uno de sus más cercanos colaboradores y el más extremista ideólogo y promotor de la mano de hierro con la inmigración, la coartada que buscaban para endurecer de forma extrema sus políticas. Y los más vulnerables, los niños, vuelven a estar entre las víctimas de las cuestionadas y legalmente cuestionables medidas adoptadas en los últimos dos meses por una Administración que llegó a separar a familias y solo dejó de hacerlo (y ni siquiera del todo) cuando le obligó la justicia.

Desde finales de marzo Estados Unidos ha deportado a más de 900 menores de edad que han entrado solos en el país por la frontera de México. Esas expulsiones se han hecho acelerando el proceso, a veces en cuestión de horas y restando garantías legales a los menores como la de poder solicitar asilo, avisar a representantes legales o familiares o garantizar la seguridad en el lugar al que se les expulsa.

Abogados y activistas denuncian que se está pisando también el acelerador en deportaciones de menores no acompañados que ya estaban dentro de EEUU, al menos 60 en los últimos dos meses. Y aunque suenan las alarmas sociales y mediáticas, de la oposición política y judiciales, la endurecida política que rompe con la práctica de décadas en el trato y la protección garantizada a menores inmigrantes en EEUU sigue a toda máquina.

Sueño de Miller, carta electoral de Trump

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca con la lucha contra la inmigración como eje programático vital, Miller, su principal asesor en la materia, había estado buscando sin éxito usar la amenaza para la salud pública de EEUU que podían representar los inmigrantes como argumento. Con la irrupción del covid-19 lo ha conseguido y la Administración ha recurrido a una ley de 1944, el Título 42, que dota al presidente de autoridad para actuar ante un “serio peligro” de enfermedades contagiosas, para frenar la inmigración, una carta que Trump va a poder usar de nuevo en busca de la reelección en noviembre.

En esa norma se amparó el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno para emitir el 20 de marzo una orden de 17 páginas frenando la entrada de personas desde México y Canadá, que ya se renovó en abril y que este mes la Administración ha prologado indefinidamente (aunque se asegura que se revisará cada 30 días).

Desde entonces se ha expulsado en la frontera a más de 20.000 inmigrantes, incluyendo los más de 900 niños, que en algunos casos habían cruzado primero con sus familiares y volvieron a cruzar la frontera solos una vez que las familias habían sido obligadas a esperar en México sus procedimientos de asilo (paralizados por la pandemia). Y la intensificación ha llevado a demócratas que presiden cuatro comités del Congreso a pedir explicaciones, que exigen para este viernes en una misiva en la que recuerdan que no se imponen semejantes restricciones a quienes llegan por avión o barco.

“Una tapadera”

Detrás de cada deportación de menores hay una historia, a menudo dolorosa: la de un adolescente repatriado a Honduras mientras su madre está aún en México, la de la chica devuelta al mismo El Salvador donde fue violada, la de críos de solo ocho años afectados... Pero los números generales también ayudan a entender el alcance de la nueva y denunciada política de Trump. Jennifer Nagda, directora de política en el Young Center for Inmigrant Children’s Rights, ha dicho que “la Administración está usando el covid19 como tapadera para una nueva política contra inmigrantes: cerrar la frontera a los menores en clara violación de la ley federal”. Y Jennifer Podluk, directora de política del grupo Niños Necesitados de Defensa, ha advertido en ProPublica: “Estamos viendo un ataque a gran escala” a los derechos de los menores.

Frente a las 915 deportaciones entre el 20 de marzo y el 30 de abril de menores que acababan de cruzar la frontera y las 60 de los que ya estaban dentro del país, EEUU solo ha dejado a 166 menores inmigrantes seguir el proceso normal. Y cada vez son menos los pequeños y adolescentes que la Patrulla Fronteriza traspasa a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos encargada de darles refugio mientras busca ponerlos en custodia de un pariente o un espónsor. Mientras que en marzo ORR recibió 1.852 menores, en abril solo se hizo cargo de 58.

Esa oficina tenía bajo su responsabilidad a 15 de mayo a 1.450 menores, la cifra más baja desde el 2011 y un notable descenso de los 12.500 de abril del año pasado. Y aunque ha seguido poniendo menores con familiares o espónsors, desde grupos de activistas y desde las bancadas demócratas del Congreso se denuncia que están retrasando o dificultando esos procedimientos.

Los jueces

Dos jueces federales ya han acusado a la Administración de estar violando leyes y acuerdos federales que regulan el trato a los menores, como la que marca que después de tres días en custodia deben pasar a la ORR, la que busca protegerles del tráfico de personas o las que vetan las deportaciones aceleradas de menores. En marzo la jueza californiana Dolly Gee, encargada de supervisar la aplicación del acuerdo Flores (que desde 1997 regula el tiempo y las condiciones de la custodia y que Miller y Trump intentan desarticular), instó a la Administración a sacar a los menores lo antes posible de instalaciones gubernamentales que podían ser un “semillero de contagio” a no ser que su expulsión fuera “inminente”. La decisión judicial buscaba proteger a los más pequeños. Pero justo entonces empezaron a acelerarse las deportaciones.