Moscú, capital de los excesos urbanísticos

Una cargada atmósfera de indignación va apoderándose de la sala de actos del colegio 'Pável Popovich, dos veces héroe de la Unión Soviética', en este jueves de principios de diciembre. Decenas de vecinos residentes en el número 6 de la calle Baltiiskaya han sido convocados por funcionarios municipales del distrito de Sókol, en el norte de Moscú, para debatir acerca del futuro de sus hogares, sobre los que pesa una amenaza de demolición gracias a un oscuro informe en el que se asegura que el edificio, junto con otras viviendas próximas, se halla en estado de ruina. "¡Respetados vecinos!: podrán ustedes plantear todas las preguntas interesantes sobre el estado y las perspectivas de su edificio....", reza el pasquín anunciatorio.

Serguéi Dimin, uno de los afectados, llega a la junta de vecinos poco antes de comience, cargado de documentos, informes y objecciones y dispuesto a defenderse de lo que considera un intento de "expropiación" de su vivienda producto de la "escandalosa corrupción" reinante en la alcaldía. Y mientras sube por las escaleras, uno de los ponentes municipales se acerca a él con una forzada sonrisa para saludarle, pero éste se niega a estrecharle la mano. "Han venido ya varias veces y los conozco. Incluso nos envían psicólogos", explica indignado.

"Está comprado"

El evento arranca casi en un tumulto. Stanislav Stankievich, abogado de un grupo de propietarios, agarra el micrófono para proclamar que la convocatoria de asamblea de propietarios no había respetado los términos que marca la ley, y que por tanto carecía de poder decisorio sobre el futuro del edificio. 

Entre empujones y gritos, el letrado acaba siendo agarrado por agentes del orden presentes, escoltado fuera de la sala y detenido. Más tarde, toma la palabra uno de los vecinos que ya ha aceptado renunciar a su piso e instalarse en la vivienda que se le ofrecía a cambio, con la misión de defender las bondades de la operación. Pero todo es en vano. "¡Está comprado!", grita alguien desde el fondo.    

Lucrativo negocio

En Moscú, una de las grandes ciudades globales del mundo, según los ránkings internacionales, la construcción se ha convertido en un inmenso negocio de gran rentabilidad que atrae a gigantes del sector y oligarcas como Serguéi Gordeev, Moshe Kantor o Mijaíl Gutseriyev.

Según la revista Forbes, seis de los 35 empresarios más ricos del país se dedican a esta lucrativa actividad. Los vecinos afectados denuncian que muchos de los proyectos salen adelante mediante "fraudes" o violando disposiciones municipales con la complicidad de "corruptos funcionarios".

Serguéi rememora con pesadumbre el origen del mobbing inmobiliario al que, según él, están siendo objeto en Baltiiskaya, 6. "En el 2011 contruyeron un túnel enfrente y aparecieron unas grietas; sin embargo, hubo una inspección del único instituto autorizado a realizarlas, y certificó que los cimientos estaban estabilizados", explica. Se realizaron algunas obras de reparación estructural, se cambiaron los ascensores y escaleras y  ahí quedó la cosa.

El año pasado, sin embargo, las tornas cambiaron. "Las autoridades del distrito de Sókol empezaron a invitar a los vecinos a su sede para que firmaran documentos en los que reconocían que sus casas se hallaban en estado de ruina, mostrándoles un extraño informe firmado por una persona que acumula más de 100 demandas judiciales y en nombre de una organización que ni siquiera existe", continúa. Serguéi desconoce quién o qué empresa ha podido poner el ojo en el barrio, pero destaca que sabe muy lo que hace. "Estamos junto a la avenida Leningrado, la vía directa hacia el centro y la plaza Roja; tenemos al lado el metro y el aeropuerto de Sheremétievo", añade.

Amenaza similar en Kúntsevo

No muy lejos de Sókol, en el distrito de Kúntsevo, a unos ocho kilómetros en dirección suroeste, un ultimátum similar se cierne sobre los habitantes de la calle Ivana Franko, un conjunto de viviendas de ladrillo de cinco pisos construidas en los 50 entre parques infantiles y encantadoras superficies arboladas. Levantadas las viviendas en una época en la que Moscú se expandía a lo ancho en lugar de a lo alto, y dotadas de amplios espacios comunales, no es extraño que los propietarios sientan un gran apego por su barrio y se resistan a marchar.

Aquí, el proceso está mucho más avanzado, y el "asalto a nuestras propiedades", tal y como lo definen Iván Rozhkov y Nadezhda Chizova, residentes en una de las viviendas afectadas, ha seguido un esquema diferente. "Hace tres años, el alcalde (Serguéi) Sobyanin firmó un decreto municipal" de reurbanización del área en el que se estipulaba la demolición total de la zona. No hubo posibilidad de presentar alegaciones o recabar información adicional. "Poco después, recibimos una citación judicial en la que se nos informaba de que seríamos realojados, de acuerdo con el decreto municipal", relata Iván. Como compensación, se nos ofrecía un apartamento "en un rascacielos con muy malos acabados, donde el ascensor está averiado", se queja Nadezhda.   

Los vecinos decidieron no aceptar ningún requerimiento y resistir en sus casas, pese a tener enfrente al grupo Pik, una de las principales contructoras de Rusia, que cotiza en la bolsa de Londres, con más de 14.000 empleados e ingresos anuales de 2.800 millones de euros.

"El año pasado instalamos un campamento para impedir que empezaran las obras, y enviaron a un centenar de agentes y polícías para desalojarnos; gracias a ello logramos mucho impacto en los medios y paralizamos los trabajos forma temporal", continúa Iván. Han recurrido a la justicia, que ni les ha dado la razón ni tampoco ha dictado medidas cautelares. Ahora están pendientes de un veredicto del Tribunal de Casación, última instancia rusa antes de acudir a la justicia europea, pero no se hacen muchas ilusiones: "En nuestro país no hallaremos justicia".