La ONU constata graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado chileno

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) emitió un informe lapidario sobre el uso de la violencia por parte del Estado chileno durante las protestas que estallaron el pasado 18 de octubre y que todavía sacuden al Gobierno de derechas. La comitiva detectó después de casi un mes de trabajo en ese país un "uso excesivo o innecesario de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias".  Las conclusiones, señala el portal 'El Mostrador', son muy parecidas a las ya expuestas por Amnistía y HRW. Pero en este caso tienen un doble impacto político añadido: la Acnudh está encabezada por la expresidenta chilena, Michelle Bachelet. 

El informe de 25 páginas supone una dura sacudida para el presidente Sebastián Piñera, quien acaba de evitar milagrosamente una acusación constitucional por parte del Congreso. Su primo y exministro del Interior, Andrés Chadwick, no tuvo la misma suerte y afrontará un juicio político por sus responsabilidades en la represión.

Desproporción en el uso de la fuerza

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Para la Acnudh, los Carabineros, la policía militarizada, "incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente". Hubo un uso "desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia". Las cifras en ese sentido son elocuentes: al menos 23 muertos y cientos de heridos, más de 200 de ellos con graves traumas oculares.  Se trata para la Acnudh de números "alarmantes" y agravados por el hecho de la utilización por parte de los uniformados "de perdigones que contienen plomo".

Buena parte de la sociedad chilena esperaba que la propia Bachelet tomara la palabra. La alta comisionada fue breve pero elocuente: "Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante". Al igual que con los anteriores informes internacionales, el Gobierno relativizó las conclusiones de la oficina de la ONU y dijo que "en algunos casos" se denuncian violaciones antes de que finalizaran "las investigaciones en curso" por parte de la justicia. Subrayó, en ese sentido, que los tribunales "han corroborado un gran número de noticias falsas" sobre la acción policial.