Una huelga de taxistas en Perú provoca caos y violencia en Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha condenado los "actos de violencia" registrados en el marco de la huelga de conductores de taxis colectivos, que han bloqueado varias carreteras de la capital para exigir su formalización, según la agencia de noticias Andina.

Muñoz, que ha señalado que no se puede admitir "ni la informalidad ni la violencia", ha afirmado que la mejora del transporte público requiere profundos cambios. Sus palabras llegan tras las protestas protagonizadas en varios puntos de Perú por los conductores del taxi colectivo, vehículos privados utilizados para transporte de pasajeros, que se han saldado por el momento con más de un centenar de detenidos.

Actos vandálicos

"Los peruanos tenemos que ser firmes en nuestra lucha contra la informalidad. No podemos admitir ni la informalidad ni la violencia", ha insistido el edil a través de su cuenta en la red social Twitter. Así, ha instado a "trabajar juntos autoridades y ciudadanos" para llevar a cabo los cambios necesarios para resolver la situación.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Lima, el coronel Herbert Ramos Ruiz, ha indicado que los "colectiveros" involucrados en actos de violencia en diversas calles de Lima, serán denunciados penalmente por estos hechos.

Ramos ha subrayado que los disturbios "constituyen actos vandálicos", por lo que la Policía ha tenido que efectuar las detenciones pertinentes. Además, ha anunciado que la Policía ha movilizado a sus unidades especiales para contener a los grupos violentos, que han generado problemas en distritos como Comas, Rímac y Santa Anita, entre otros.

No es posible dialogar

La presidenta del consejo directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, María Jara, ha afirmado que sería un retroceso formalizar a los taxis colectivos y ha dicho que los actos de violencia perpetrados durante la protesta "deslegitiman cualquier posibilidad de diálogo".

"Han pedido diálogo, pero directamente están conminando a sus colegas colectiveros a realizar actos de violencia. Y mientras haya actos de violencia no es posible ningún diálogo. El Estado y la sociedad no pueden rendirse frente a una amenaza de esta naturaleza ni ceder al chantaje", ha sostenido.

Ante la petición de los conductores de que se legalice el servicio, Jara ha hecho hincapié en que esto no significaría "bajo ningún concepto" bajar los estándares de calidad y seguridad para los usuarios.