CRISIS EN LA EXCOLONIA

Hong Kong prohibirá a los manifestantes llevar máscara

El Gobierno da más poder a la policía para reprimir las manifestaciones que se prolongan durante cuatro meses

Miembros de las fuerzas de seguridad cargan contra manifestantes en Hong Kong.

Miembros de las fuerzas de seguridad cargan contra manifestantes en Hong Kong. / periodico

Adrián Foncillas

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Hong Kong prohibirá las máscaras durante las protestas públicas para facilitar la identificación de los vándalos y su detención. La medida, anunciada por diferentes medios, pretende embridar la escalada violenta de unos desórdenes enquistados que ya han cumplido cuatro meses. Los activistas se han esforzado desde el inicio en ocultar su rostro para eludir las penas por disturbios que alcanzan hasta 10 años de cárcel, ya fuera con máscaras, paraguas o destrozando las cámaras de vídeo situadas en la calle, centros comerciales, paradas de metro o aeropuerto.

El Gobierno recurrirá a una mohosa ley colonial británica de 1922 que no se ha utilizado desde las violentas movilizaciones de células maoístas de 1967 y que faculta al jefe ejecutivo a aprobar regulaciones “que considere necesarias para el interés público”. Las fuentes citadas por el medio local 'South China Morning Post' aseguran que será de aplicación inmediata y que la violencia del pasado 1 de octubre ha forzado al Gobierno a tomar decisiones más briosas. La jornada, que coincidió con el Día Nacional de China, dejó más de un centenar de heridos, 35 de ellos policías. Los agentes utilizaron 1.400 cartuchos de gas lacrimógeno, 900 balas de goma y dispararon seis veces con fuego real. Un disparo impactó en el hombro a un joven de 18 años cuando atacaba a un agente con una barra de hierro.

Como en otros países

La prohibición de máscaras no es una medida original. La legislación de una quincena de países del primer mundo como Estados Unidos, Canadá, Alemania o Francia la contemplan. Canadá prevé desde el 2013 penas de hasta 10 años de cárcel a los que las lleven durante disturbios callejeros o manifestaciones ilegales.

Las escenas de anarquía, que incluyeron los cotidianos destrozos de varias paradas de metro y comercios regentados por ciudadanos chinos, empujaron a partidos políticos y organizaciones policiales a exigir una actuación más resuelta contra los activistas. Amplios sectores en la excolonia han pedido que se aplique la Ley de Seguridad o el toque de queda pero el Gobierno teme los efectos devastadores que supondría a la reputación de centro financiero global. El hundimiento de la economía, con el turismo y las ventas minoristas en sus mínimos, han incrementado la presión sobre el Gobierno isleño.

Las protestas nacieron cuatro meses atrás contra una Ley de Extradición que ya ha sido enterrada. Pekín ha delegado la gestión en Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong, que ha reconocido en conversaciones privadas su falta de recursos para devolver la paz a la isla.