Bachelet pide ante la ONU una Venezuela libre de miedos

"Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios", exhortó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, al presentar en Ginebra su lapidario informe sobre la situación en ese país sudamericano.

 En el documento se denuncian "graves vulneraciones de derechos" que incluyen más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno, que durante su visita semanas atrás se había comprometido a tener en cuenta las recomendaciones de la expresidenta chilena, rechazó de plano sus conclusiones. "Resulta incomprensible el contenido de dicho informe dominado por una visión selectiva y parcializada, carente de rigor científico, con graves errores metodológicos", dijo en Ginebra el viceministro para Comunicación Internacional, William Castillo.

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Durante los festejos del día de la Independencia, Nicolás Maduro aseguró: "Estamos del lado correcto de la historia". No obstante, este viernes se liberó a la jueza María Lourdes Afiuni, al periodista Braulio Jatar y a 20 estudiantes. 

Bachelet ya sabía de la incomodidad que había provocado el texto en Caracas el mismo jueves. Un día más tarde, la dirigente de origen socialista y víctima directa de la dictadura del general Augusto Pinochet, fue enfática en su discurso: "El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política".

Para la alta Comisionada, "la única forma de salir de esta crisis es la unión". Bachelet, quien entre el 19 al 21 de junio se entrevistó en Caracas con Nicolás Maduro y Juan Guaidó, entre otros, todavía apuesta a la pequeña rendija que se abrió en Oslo para resolver el conflicto de manera consensuada.

LAS RECOMENDACIONES

La Alta Comisionada  pidió al presidente Nicolás Maduro  que "adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales". En el informe se advierte que  "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes", que supera ya los cuatro millones de personas.

El texto se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, durante el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. Bachelet pone el acento en las acciones represivas de las Fuerzas Especiales (FAES). Consigna  sobre datos oficiales 5.287 muertes en 2018 por supuesta "resistencia a la autoridad" y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019.  También se alude a casos de violencia sexual y de género perpetrados durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos. Se menciona además las acciones de grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como "colectivos" y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019.

El informe da cuenta de que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino con el reconocimiento de EE.UU y otros 54 Gobiernos), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Justicia en entredicho

A principios de esta semana Bachelet había pedido una investigación "independiente, imparcial y transparente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro. Lo que no parecía esperar en un principio el Gobierno era un informe con tamaña contundencia. En su documento fue más lejos y reclamó la adopción de "todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud", investigaciones "efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes" de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia

A su vez exigió a las autoridades que termine el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, disuelva el FAES y garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género. Bachelet demandó por último que el Palacio de Miraflores acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.

El Ministerio de Exteriores  presentó un documento con 70 observaciones al informe realizado por la Alta Comisionada y le solicitó a su oficina realizar las correcciones correspondientes. A través de un comunicado criticó la "visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en el país.

Caracas lamentó que el 82% de las entrevistas utilizadas por la ONU  correspondan con personas ubicadas fuera del territorio nacional y reclamó que se tome en consideración los programas sociales implementados para atenuar  la crisis histórica que se atribuye exclusivamente a las presiones de Washington.