Derechos humanos

El Gobierno de Nicaragua libera a 56 presos políticos

En este grupo se encuentran los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda; además de líderes, campesinos y estudiantes opositores al régimen de Daniel Ortega

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El Periódico

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El Gobierno de Nicaragua liberó a un grupo de 56 personas de presos políticos, entre ellos los principales dirigentes de las protestas ciudadanas que estallaron hace más de un año, bajo una ley de amnistía que según la oposición dejará impue la represión gubernamental.

Entre los liberados están los periodistas Miguel Mora, director y propietario del canal de televisión 100% Noticias -un medio crítico con el Gobierno sandinista-, y su jefa de prensa,y Lucía Pineda. También los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, a quienes un juez afín al presidente, Daniel Ortega, había condenado a 216 y 210 años de prisión, respectivamente.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trasladó a las 56 personas hasta sus domicilios para entregarlos a sus familiares, según indicó el Ministerio de Gobernación en una declaración, en la que explicó que la liberación se dio en cumplimiento de la Ley de Amnistía.

Los liberados

Además, el Gobierno ha liberado a los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Byron Corea y Kevin Espinoza; a la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; y los dirigentes opositores Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo.

Asimismo, el coronel retirado Carlos Brenes, fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y antiguo compañero de guerrilla del presidente Ortega; el mayor retirado Tomás Maldonado; y el catedrático Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano, están entre los beneficiados por la amnistía. Otros liberados son los jóvenes afrodescendientes inculpados por la muerte de un periodista Glen Slate y Brandon Lovo.

"Nicaragua, Nicaragua", gritaban los liberados a bordo de un microbús de la CICR, mientras empuñaban sus manos en señal de victoria y levantaban banderas del país y entonaban las notas del himno nacional, según imágenes que circulan en las redes sociales.

La periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda, brincó de emoción al ser recibida por amigos y gritó "somos libres" y "gloria a Dios", mientras otros compañeros liberados gritaban "Viva Nicaragua libre" y ondeaban la bandera nicaragüense. "Patria libre para vivir", "Justicia", entre otras consignas proclamaban los liberados, mientras se fundían en abrazos en un ambiente de emoción.

Amnistía a los opositores

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó con carácter urgente esa ley que concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril del 2018 hasta la fecha".

La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social. También porque la ley está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones antigubernamentales se trataron de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.

Crisis política y social

Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales "a su gente", entre los que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados que levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados del 2018 se valió de policías y fuerzas "parapoliciales" con armas de guerra para atacar a civiles. La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.