España, satisfecha de liderar la respuesta en Venezuela

Cuando Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela, el pasado 24 de enero, el Gabinete de Pedro Sánchez abrió un debate para analizar cuál debía ser la respuesta de España ante una crisis de tal envergadura en Venezuela, un país clave por los lazos históricos, económicos y culturales entre Madrid y Caracas. El Gobierno era conciente de que no existe varita mágica alguna para resolver el conflicto, pero tras estudiar diversas alternativas, Sánchez descartó una respuesta de perfil bajó y abogó por dar un ultimátum a Nicolás Maduro para convocar elecciones democráticas y, finalmente, el 4 de febrero, reconocer a Guaidó como el líder depositario de la responsabilidad de conducir el país hacia esos comicios.   

Un mes y medio después, el Gobierno defiende que no podía inhibirse en la situación de Venezuela, que era obligatorio que España encabezase una respuesta internacional. Asume que la actuación fue la correcta y pone en valor haber logrado un amplio consenso en la UE, donde 24 de los 28 estados miembros se han sumado a la posición española, y en buena parte de los países latinoamericanos.

Si bien el horizonte sigue siendo incierto -cuando no inquietante-, si bien Maduro se niega a convocar comicios, el Ejecutivo entiende que se han evitado hasta ahora los tres peores escenarios que podían producirse, según fuentes gubernamentales. Uno: injerencia militar promovida por Donald Trump, maniobra que España rechazaría categóricamenteEspaña rechazaría. Dos: estallido generalizado de violencia en las calles venezolanas. Y tres: que se instalase una sensación de frustración colectiva, de derrota sin esperanza, de fracaso del intento de Guaidó por celebrar comicios. A pesar de que la crisis social y humanitaria es dramática, por el momento se han evitado los males mayores, analizan en el Ejecutivo.

Golpes simbólicos

Fuentes del Gobierno ven señales que indicarían que la presión internacional empieza a erosionar al régimen chavista. El anuncio de Maduro de una profunda reestructuración en su gabinete, por ejemplo, se observa en Madrid como síntoma de debilidad del mandatario, que se ve obligado a un reordenamiento de una cúpula menos sólida de lo que se percibía.

Otra señal. El pasado 15 de marzo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció que el delegado venezolano sería representante de Guaidó, con lo que se convirtió en el primer organismo internacional en reconocer como parte legítima al presidente encargado, algo que fuentes gubernamentales españolas ven como un "golpe simbólico importante" . Recuerdan dichas fuentes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también deberá decidir en breve si Caracas es representada por el emisario de Maduro o de Guaidó. 

Desde la cautela más rigurosa, el Gobierno apuesta por darle margen para que actúe. Recuerdan que el propio Guaidó pidió "seis o nueve meses" para poder encauzar la situación y convocar unas elecciones democráticas. En ese tiempo,  España debe “acompañar” sin imponer un “manual de instrucciones". "Lo que queremos es que los venezolanos puedan decidir qué presidente quieren. España no pone ni quita presidentes", subrayan fuentes gubernamentales.

Entienden que Guaidó necesita “cierto tiempo” para trabajar su posición y, desde el otro lado del Atlántico, la intención es irse adaptando a los nuevos escenarios, pero con la determinación de no variar los objetivos a conseguir (elecciones) y a evitar (injerencia militar y estallido de violencia).

“Hemos buscado una respuesta equilibrada. Que España se inhibiera en Venezuela no era posible. Desde la cautela, creemos que esta es la posición correcta, por eso ha creado consenso, la hemos concertado con la Unión Europea y la mayoría de países Latinoamericanos. No ha habido discrepancias y eso demuestra que era lo correcto, porque, de lo contrario, el consenso se hubiese resentido”, defiende el Gobierno.