La Eurocámara apoya condicionar el presupuesto europeo al respeto de valores democráticos

La Eurocámara está de acuerdo en castigar a los gobiernos europeos que no respeten los valores democráticos atizando allí donde más duele: el bolsillo. El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves –por 397 votos a favor, 157 en contra y  69 abstenciones- una propuesta legislativa que pretende condicionar la financiación europea al respeto del Estado de derecho.

Si el plan, que ahora deberá ser negociado con los Estados miembros, sale adelante los Estados miembros que pongan en riesgo la separación de poderes o no combatan el fraude y la corrupción podrían ver congelados los pagos procedentes del presupuesto de la UE. “Ningún gobierno debe vulnerar esos valores sin sufrir las consecuencias”, ha reivindicado la eurodiputada socialista y ponente de la comisión de presupuestos, Eider Gardiazabal.

Según la propuesta adoptada, será la Comisión Europea, apoyada por un panel de expertos independientes, quien deberá determinar si existen “deficiencias generalizadas” en un Estado miembro que amenacen la gestión de los fondos europeos. Bruselas, previa consulta al Consejo y la Eurocámara, podrá decidir si reduce los pagos o directamente suspende la entrega de fondos procedentes de las cuentas europeas.

El Ejecutivo comunitario podrá actuar cuando constate el derrape de organismos responsables de gestionar fondos europeos, de aquellos encargados de controlar o auditar proyectos, en materia de persecución del fraude, recuperación de fondos pagados indebidamente o falta de cooperación con la oficina europea de lucha contra el fraude entre otros. Cada año se publicarán informes de evaluación y en función del tipo de deficiencias detectadas Bruselas por suspender los compromisos de pago, interrumpir plazos, reducir la prefinanciación o directamente suspender los pagos.

A partir de 2021

La intención de la Comisión Europea es que la nueva exigencia entre en vigor con el nuevo marco financiero plurianual, a partir de 2021, aunque tras la batalla abierta con Polonia o Hungría por la situación del Estado de derecho y las reformas en ambos países la negociación podría complicarse. A instancias de la cámara, la propuesta incluye una red de seguridad para evitar que los beneficiarios finales de los fondos, como estudiantes o investigadores, sean atención castigados ya que el gobierno afectado seguirá estando obligado a desarrollar los programas o proyectos aprobados.

“Los gobiernos que utilizan fondos europeos y violan sistemáticamente los valores europeos deben ser sancionados financieramente. De lo contrario nos arriesgamos a perder el apoyo de los ciudadanos a los fondos europeos como medida de solidaridad”, ha alertado el eurodiputados de los Verdes, Sven Giegold, que ha denunciado la existencia de “problemas graves” en Hungría, Rumanía o la República checa y que considera la medida como una llamada de atención a los Estados miembros.