Oenegés exigen el cierre del campo de detención australiano de Nauru

Amnistía Internacional y otras 80 oenegés han solicitado a los líderes de las naciones del Pacífico para que exijan el cierre del campo de detención financiado y gestionado por Australia en la isla de Nauru, donde se reunirán en una cumbre la próxima semana. Las reuniones entre los 18 países miembros del Foro de la Islas del Pacífico (FIP) serán del 3 al 6 de septiembre, a un paso de la "Guantánamo australiana". 

En el campo de detención se encuentran todos los inmigrantes que intentan llegar a Australia por mar y que, debido a políticas muy rígidas sobre la inmigración, son enviados a la remota infraestructura en el microestado de Nauru o a Papua Nueva Guinea, desde donde se examinan las solicitudes de asilo. Canberra justifica su política por la necesidad de evitar la llegada de embarcaciones ilegales, salvando así la vida de los migrantes tentados a emprender el peligroso viaje por mar. Sin embargo, aunque las solicitudes de asilo de los migrantes son justificadas y al final aceptadas, no son reconocidas en el territorio australiano. 

Situación desesperada

En una carta abierta, Amnistía y 80 organizaciones no gubernamentales han instado a los mandatarios de las naciones del FIP a actuar para que la región no tenga esta tarea.  "Los líderes de las Islas del Pacífico ya no pueden ignorar este tema que debe estar en la parte superior de la agenda de discusión de la FIP", ha dicho Roshika Deo, investigadora de Amnistía para el Pacífico. "Esta es una situación desesperada que requiere una acción urgente, y los líderes regionales deben demostrar que no se quedarán sin hacer nada mientras nuevas vidas se vean amenazadas por las políticas abusivas del gobierno australiano", ha concluido. 

Los solicitantes de asilo enviados a Nauru y a la isla papúes de Manus sufren "un trato cruel y degradante", dicen las oenegés. "Tenemos informaciones sobre la violencia generalizada contra los refugiados en Papúa Nueva Guinea, así como sobre la violencia y el acoso sexual contra mujeres y niños en Nauru". Según el Consejo de Refugiados de Australia, más de 200 personas viven en el campamento de Nauru, incluidas docenas de niños.

Detención indefinida

Según los defensores de los derechos humanos, los inmigrantes sufren en particular problemas psiquiátricos debido a la posibilidad de una detención indefinida, con casos de autolesiones de los niños deprimidos. Sin embargo, el campamento financiado por Canberra representa un beneficio financiero para Nauru, una pequeña nación de 21 kilómetros cuadrados que ha agotado su único recurso, el fosfato.

El Gobierno de Nauru ha impuesto severas restricciones a los medios que cubren la cumbre de la FIP, amenazando con revocar el visto de los periodistas que fotografían o graban en vídeo el campamento o los refugiados. El número de periodistas admitidos también fue limitado, mientras que la Australian Broadcasting Corporation, la empresa de información pública australiana, fue expulsada de la cumbre.