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Crisis política en Nicaragua

Al menos 17 personas mueren durante manifestaciones contra Ortega

El presidente se niega a renunciar y a adelantar las elecciones después de meses de protesta social

Para los organismos humanitarios la situación se ha vuelto deplorable

ABEL GILNBERT / BUENOS AIRES

Un joven manifestante alza su arma artesanal y la bandera nacional en Managua.

Un joven manifestante alza su arma artesanal y la bandera nacional en Managua. / EFE / RODRIGO SURA

Nicaragua vuelve a llorar a sus muertos por la violencia institucional: en las últimas horas perdieron la vida al menos 17 personas en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega. La tensión política se concentró en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, a unos 40 kilómetros de Managua. La Conferencia Episcopal denunció la agresión de varios obispos en Diriamba, cuando llegaron con el propósito de mediar entre las autoridades y los manifestantes.  “Nunca habíamos visto en Nicaragua situaciones así”, dijo el Cardenal Leopoldo Brenes durante una homilía en la capital. “La historia los juzgará”, señaló sobre Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, aliados del clero nicaragüense hasta abril, cuando se desató la crisis.

Las manifestaciones opositoras, lideradas por los estudiantes, terminaron con años de indiferencia. Desde sus inicios, han fallecido más de 170 personas, de acuerdo con los organismos defensores de los derechos humanos. En la noche del lunes, Amnistía Internacional aseguró que la represión estatal ha llegado a “niveles deplorables. Según Amnistía, “los grupos parapoliciales andan a sus anchas fuertemente armados, acompañados por cuerpos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en contra de la población civil”. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización señaló que “el mensaje que envían las altas autoridades nicaragüenses es que están dispuestas a cualquier cosa para acallar las voces de quienes se manifiestan en contra”. La situación “es de suma gravedad y merece una contundente condena por parte de la comunidad internacional”.

Murillo hizo no obstante una defensa del accionar estatal y aseguró que Diriamba y Jinotepe fueron “liberados gracias a Dios” después de 40 días de “cautiverio”.

 Ortega nunca imaginó un 2018 bajo semejante presión social. Le han pedido la renuncia y, como mínimo, que anticipe las elecciones presidenciales. “Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”, dijo el pasado sábado.

Según el periodista Carlos Chamorro, Ortega “quemó los últimos puentes que le ofrecían la posibilidad de entablar una negociación política para lograr su salida del poder en condiciones de gradualidad, e incluso de abogar por la incidencia de su partido en las instituciones del Gobierno en la futura transición democrática”. En su columna de opinión en la revista Confidencial, Chamorro calificó de “delirante” su último discurso en el que definió como “golpista” a un pueblo “que de forma masiva demanda su renuncia”. El empresariado, que decidió romper amarras con el Gobierno al calos de los cambios políticos, también le pidió al matrimonio que abandone el poder en marzo de 2019, después que se lleven a cabo reformas políticas y elecciones anticipadas. Sin mencionarlos, Ortega acusó a los antiguos aliados de “financiar el terrorismo”.

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