El presidente de Polonia vetará la polémica reforma del Tribunal Supremo

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, con el presidente de EEUU Donald Trump  en el castillo de Varsovia el 6 de julio del 2017.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, con el presidente de EEUU Donald Trump en el castillo de Varsovia el 6 de julio del 2017. / periodico

Silvia Martínez / Agencias / Bruselas / Varsovia

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El presidente polaco, Andrzej Duda, no piensa ratificar el nuevo proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo impulsado por el Gobierno, después de que durante días miles de polacos y la oposición se hayan movilizado contra una reforma que restringe la separación de poderes. "Las reformas de la Justicia son necesarias, pero sin que generen el enfrentamiento de la sociedad y sin que supongan la división del país", ha avisado pidiendo al Ejecutivo que modifique las normas propuestas.

Duda tampoco ratificará el proyecto de ley de reforma del máximo órgano de Gobierno de los jueces, aprobado por el Parlamento polaco el pasado 12 de julio y que también provocó fuertes críticas desde la Unión Europea (UE). La decisión del presidente, vinculado al partido gobernante Ley y Justicia y hasta ahora condescendiente con todas las normas promovidas por el Ejecutivo fue inesperada aunque el presidente de la UE, Donald Tusk, le conminó la semana pasada a que no lo hiciera.

PROTESTAS CONTINUADAS Y MASIVAS

Las normas en cuestión fueron aprobadas gracias a la mayoría de Ley y Justicia en ambas Cámaras parlamentarias y sólo requerían de la ratificación presidencial para entrar en vigor. Desde que la reforma del Tribunal Supremo fue aprobada por el Senado en la madrugada del pasado sábado, miles de ciudadanos han salido a las calles del país para pedir el veto de Andrzej Duda.

La controvertida reforma del Supremo ponía a la máxima corte bajo el control político del partido gobernante, ya que daba al ministro de Justicia, que también es Fiscal General, el poder de nombrar a la mayoría de sus magistrados, algo que no debe de corresponder al ministro, precisó Duda.

Tras la decisión del presidente, los dos proyectos deben regresar a tramitación parlamentaria para su modificación con las recomendaciones que plantee el jefe del Estado. Duda aprovechó su intervención para pedir "calma y prudencia" a todos los políticos, "tanto a los que hoy en día tienen una mayoría como a los de la oposición", a los que pidió resolver sus diferencias en las elecciones y en sede parlamentaria, y no en la calle.

El veto del presidente no afectará sin embargo a la tercera ley del paquete de reforma judicial impulsado por el Gobierno, la que permite al Ejecutivo nombrar a los magistrados de los tribunales regionales y de apelación, también aprobada el 12 de julio. Organizaciones como Amnistía Internacional han recibido con satisfacción la decisión porque se ha evitado "un escenario alarmante" aunque la preocupación no ha desaparecido y han pedido a Duda que vete también la tercera reforma.

BRUSELAS DECIDE EL MIÉRCOLES

La Comisión Europea ha respondido a la decisión anunciada por Duda con suma cautela a la espera de que el miércoles los comisarios celebren un nuevo debate y decidan si abren o no el procedimiento de infracción con el que amenazó la semana pasada el vicepresidente Frans Timmermans.

“Seguimos de cerca todos los acontecimientos y la situación, que esta evolucionando. Todos los acontecimientos que están ocurriendo serán abordados globalmente el miércoles en el colegio de comisarios”, ha explicado el portavoz comunitario, Margaritis Schinas, sobre unas reformas que a juicio de Bruselas, atentan contra la separación de poderes y abolirán la independencia judicial

Los canales de comunicación con Varsovia, en todo caso, siguen cerrados y la oferta de “diálogo estructurado” hecha la semana pasada por Timmermans no ha obtenido hasta el momento ninguna respuesta. “El miércoles pasado ya hicimos una oferta de diálogo estructurada pero esta oferta por el momento no ha sido aceptada”, ha avisado el portavoz comunitario. Timmermans también advirtió que están cerca de activar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado y que incluye en última instancia la retirada de los derechos de voto en el Consejo.

Abrir esta vía de castigo requiere, sin embargo, de un amplio apoyo entre los Estados miembros e incluso la unanimidad en el caso de que los gobiernos aceptaran estudiar la propuesta. Algo improbable vista la reacción que han tenido algunos de los socios europeos. Este es el caso del primer ministro húngaro, Viktor Orban, que el sábado prometió defender a Polonia de “la inquisición de la Comisión” y utilizar todos los medios a su alcance. “Es en interés de Hungría, de Europa y en el interés de la amistad polaco-húngara que la inquisición contra Polonia nunca triunfe”, declaró Orban.