Los rumanos se manifiestan por decimocuarto día consecutivo contra un Gobierno de "ladrones"

La furia ciudadana contra la corrupción en Rumanía sigue desbocada. A medida que pasan los días, las protestas que estallaron a principios de mes se extienden sin remisión contra el Gobierno socialdemócrata, en un clamor que no se veía en este antiguo país comunista, socio de la UE, desde la caída del dictador Nicolae Ceaucescu, en 1989.

Desafiando las temperaturas glaciales por decimotercer día consecutivo, cerca de 80.000 personas, entre ellas numerosos jóvenes y familias enteras de todo el país, se manifestaron el domingo en Bucarest y otras ciudades rumanas contra la corrupción de la clase política y para “defender el Estado de derecho”, pese a que el Gobierno ya ha retirado el polémico decreto que despenalizaba algunos casos. Este lunes por la noche se han concentrado en la capital otras 2.000 personas.

"Vergüenza", "No nos vamos a casa, los ladrones no nos dejan", fueron algunos de los eslóganes coreados el domingo por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, mientras otras personas llevaban carteles que rezaban: "#Resisto", "Atención con los bolsillos, estamos al lado del Gobierno" o "Pedimos un Gobierno limpio y competente".

Pese a las bajas temperaturas, unos 50.000 ciudadanos salieron a las calles en Bucarest, 10.000 en Cluj –la gran ciudad de Transilvania-, 4.000 en Timisoara (oeste) y 5.000 en Sibiu, Brasov e Iasi, según estimaciones de medios rumanos y de la televisión pública.

"Queremos escuelas y hospitales, no casos de corrupción. Los ladrones deben estar en la cárcel y no en el Gobierno", decía Elena Coman, estudiante de Filología de la Universidad de Bucarest. “Queremos defender el Estado de derecho en este país”, explicó por su parte Gheorghe Badescu, médico de un pequeño pueblo a 100 kilómetros de Bucarest, desplazado a la capital con su hijo Ionut. “Los rumanos quieren estar representados por gente honesta”, añadió este último, médico en el Reino Unido.

RENUNCIA DEL TITULAR DE JUSTICIA

El ministro de Justicia, Florin Iordache, autor del decreto que preveía despenalizar delitos por abuso de poder y corrupción si el perjuicio causado al Estado era menor de 44.000 euros, dimitió el jueves ante la presión social, al día siguiente de que el Parlamento rechazara una moción de censura presentada por la oposición liberal. Su renuncia, sin embargo, no ha satisfecho a los manifestantes, que exigen la dimisión completa del Gobierno.

Apenas un mes después de su investidura, el Ejecutivo suscitó una contestación popular sin precedentes aprobando el 31 de enero un decreto flexibilizando la legislación anticorrupción. La polémica modificación del código penal, que iba acompañada de una amnistía a 2.700 condenados por delitos menores, también por corrupción, provocó que más de medio millón de personas inundaran hace una semana las calles de Rumanía.

En un intento de tranquilizar a la opinión pública, el primer ministro Sorin Grindeanu declaró que abrirá un debate con la oposición y la sociedad civil para reformar el sistema judicial, aunque no dimitirá. El Parlamento, mientras, aprobó este lunes la propuesta de referéndum sobre las reformas anticorrupción planteada por el presidente rumano, Klaus Iohannis, pero todavía no ha votado sobre la retirada del polémico decreto.