Trump modela una justicia a la medida de sus planes

Asomado por primera vez a una crisis constitucional por su controvertido veto a refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana e inmerso de lleno en una turbulenta remodelación del Departamento de Justicia que deberá defender sus planes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta este martes una de las más trascendentales decisiones de su mandato: ha nominado al juez Neil Gorsuch para el Tribunal Supremo, una elección que reestablece la inclinación del lado conservador del más importante órgano judicial de EEUU y que tiene el potencial de asentar ese giro durante años.

Lo ha reconocido el propio Trump al anunciar la selección de Gorsuch, un “originalista”, favorable a la interpretación original de la Constitución como Antonin Scalia, el magistrado que falleció en febrero del año pasado al que sustituye. “Las decisiones de los jueces del Supremo pueden durar medio siglo o más y a veces pueden ser permanentes”, ha dicho el presidente, que ha situado la selección para el Supremo como “la decisión más importante tras la defensa de la nación”.

Al más puro estilo de sus días como estrella de la televisión realidad, Trump había convocado para este martes a Washington a Gorsuch y a Thomas Hardiman, los dos “finalistas” que habían quedado en un proceso que inició con una lista con 21 nombres que le facilitó la Sociedad Federalista, un grupo legal conservador. Ha hecho su anuncio en su primera comparecencia televisada desde la East Room de la Casa Blanca. Y con la juventud de su elegido (49 años), empieza a asentar una nueva era dominio conservador que puede incrementar si durante su mandato se retiran (o fallecen) alguno de los otros magistrados, donde dos de los jueces progesistas rozan o superan los 80 años.

CONFIRMACIÓN GARANTIZADA

“Espero que demócratas y republicanos puedan unirse por una vez por el bien del país”, ha dicho Trump urgiendo a la confirmación de Gorsuch. Cuando Barack Obama eligió en marzo del año pasado a un magistrado moderado para llenar esa vacante, Merrick Garland, los republicanos bloquearon su confirmación, negando incluso la posibilidad de que arrancaran las vistas.

Las credenciales de Gorsuch, que ha pasado por las universidades de Columbia, Harvard y Oxford y que ejerció dos años en el sector privado y otros dos en el Departamento de Justicia antes de entrar en la judicatura federal de manos de George Bush, no son tan extremas como las de otros candidatos que estaban en la lista pero es probadamente conservador. Lo que está por ver es si su filosofía “originalista” y conservadora (que por lo general se opone a lo que considera como excesos del poder ejecutivo o a limitaciones en derechos como la libertad religiosa o de expresión) choca con las ideas del presidente Trump. 

TURBULENCIAS POR EL VETO

Los últimos cuatro días han subrayado lo conflictivo de la agenda del mandatario y también su determinación de sacarla adelante en un esfuerzo que está disparando (más si cabe) la polarización política. Este lunes Trump ha despedido fulminantemente a Sally Yates, la fiscal general (ministra de Justicia) en funciones, una vez que esta criticó el veto a refugiados e inmigrantes musulmanes e instó a los abogados del Departamento de Justicia a no defender la orden ejecutiva de Trump en los tribunales.

Mientras muchos demócratas han aplaudido la muestra de resistencia de Yates, que fue nombrada para el cargo por Obama, hay también juristas y analistas que cuestionan su decisión como un acto político innecesario. En esa línea argumental, y con la lógica de que todos los presidentes forman sus propios equipos, se entiende la decisión de Trump de despedirla. Pero no es menos cierto que el tono del comunicado en el que se anunció la decisión es ejemplo perfecto del tono de la nueva Administración. En el se hablaba de “traición” y se aseguraba que Yates era una nominada de Obama “débil en fronteras y muy débil en inmigración ilegal”.

El debate sobre la polémica orden ejecutiva también ha marcado este martes las sesiones de confirmación de Jeff Sessions como fiscal general, que los demócratas no podrán impedir pero que han retrasado al menos un día. “Esto no es ya una vista de nominación, es un momento constitucional”, ha dicho, por ejemplo, el senador demócrata Dick Durbin. En el fondo del debate está la cuestión de si el máximo reponsable de Justicia estaría dispuesto a contradecir al presidente ante una orden ilegal. “El fiscal general es el fiscal del pueblo, no del presidente”, ha dicho otro senador demócrata, Patrick Leahy.

La Casa Blanca, mientras, sigue defendiendo la orden ejecutiva, a las que han mostrado su oposición más de 1.000 funcionarios del Departamento de Estado. El portavoz, Sean Spicer, ha insistido en que “no es un veto” sino un proceso de “escrutinio extremo” y también ha dicho que “no es sobre refugiados”. No solo le contradice el texto de la orden, sino los propios tuits de Trump, en los que usa el término 'veto' ('ban'), como en este: "Si el veto se hubiera anunciado con una semana de anticipación, los 'malos' habrían corrido hacia nuestro país durante esa semana. ¡Un montón de 'tipos malos' por ahí!", escribe el presidente.