El nuevo acuerdo con las FARC consolida la paz en Colombia

El nuevo acuerdo de paz en Colombia permite al presidente Juan Manuel Santos salir del peligroso limbo político en que había quedado el pacto con las FARC para poner fin a 52 años de un penoso conflicto armado. Hubo festejos callejeros y algunos reparos. Todos cedieron y posiblemente habrían querido más de lo que recibieron. El texto resultante incluye cambios en casi 60 temas, y en algunos casos con modificaciones de peso. Pero no en lo esencial.

El expresidente  Álvaro Uribe, que lideró el  'no' al acuerdo que salió victorioso en el plebiscito del pasado 2 de octubre, pidió que el resultado de las negociaciones de La Habana  “no tenga un alcance definitivo”. Pero por el momento no hay margen para otra revisión. El propio Santos reconoció que no todo lo exigido pudo tener una respuesta positiva.  “Reclamaban que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos [para cargos políticos]. Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del Gobierno insistieron mucho en ese punto. Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar”, dijo.

El mandatario fue claro al respecto: los procesos de paz buscan el abandono de las armas por parte del grupo insurrecto y la reinserción en la legalidad. “Este proceso no es una excepción. Las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”.  Desde La Habana, la guerrilla también hizo su balance. Iván Márquez dijo que las FARC habían adquirido el compromiso de buscar mayores consensos y no hubo otra alternativa que volver a negociar.

LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES

Los acuerdos se respetarán pero sin tener rango constitucional, como aspiraba la insurgencia para que se blindara lo pactado y se garantizara la seguridad jurídica.  Se cumplirán “de buena fe”. No habrá cárcel para los que confiesen y colaboren. La Justicia Especial para la Paz (JEP) debe fijar espacios concretos en donde deben estar los rebeldes sancionados. El uribismo quería derribar la JEP. Si bien fracasó en el intento, ha logrado que se ajuste a la jurisdicción colombiana. Por lo tanto, ya no habrá jueces extranjeros. Solo se admitirá la participación de expertos en posconflicto en calidad de “amicus curiae”. Las oenegés no podrán actuar como fiscales ni acusar. 

En lo referente a los delitos que tengan conexión con el narcotráfico, se tendrá en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas. Las FARC se comprometieron a reparar a las víctimas. ¿Cuánto dinero tiene la guerrilla? No se sabe. Por lo pronto, la insurgencia presentará un inventario de bienes y activos para destinarlos a ese fin.

El partido político que se cree con la reincorporación de las FARC a la vida civil no podrá inscribir candidatos para que ocupen los 16 escaños transitorios que contempla el acuerdo de paz. Estos corresponderán a las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto. En lo que respecta a la cuestión agraria, se subrayó que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.

EL ENFOQUE DE GÉNERO

Se especificó lo que se entiende por “enfoque de género”, una cuestión que había levantado polvareda entre los promotores del rechazo al acuerdo, sectores de la Iglesia Católica y grupos evangélicos: “Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno”.

El nuevo acuerdo deja en claro que la protesta social debe ser siempre pacífica así como una obligación por parte del Estado que anteriormente no pudo cumplir cuando, a fines de los 80,  las FARC crearon un partido político, la Unión Patriótica, cuyos dirigentes fueron uno tras otro asesinados: proteger los derechos de todos los ciudadanos.