La batalla por la ley contra los transgénero se recrudece en Carolina del Norte

En Carolina del Norte se libra una guerra que va mucho más allá del derecho de las personas transgénero a usar los lavabos públicos que quieran. El estado es el escenario de la última batalla de las llamadas “guerras culturales” en Estados Unidos, en las que desde hace décadas se enfrentan la igualdad de derechos y las posturas más conservadoras. Y la lucha, con potenciales repercusiones en todo el país, ha llegado ahora a los tribunales.

Hace mes y medio, el gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, firmó una ley aprobada por la Asamblea estatal (en solo 12 horas y en una sesión especial) que obliga a utilizar los baños o vestuarios de instalaciones públicas según “el sexo biológico” que “una persona tenga asignado en su partida de nacimiento”, no según la identidad de género de esa persona.

La ley HB2, que en parte se justificó por la protección ante "depredadores" y que también prohíbe dictar en Carolina del Norte ordenanzas municipales contra la discriminación y bloquea la posibilidad de presentar demandas en tribunales estatales por discriminación, provocó una riada de protestas y boicots, desde artistas como Bruce Springsteen o Ringo Starr, que han suspendido conciertos en el estado, hasta de grupos y empresas.

Pero la lucha no la libra solo activistas. La semana pasada el Departamento de Justicia envió una carta a McCrory en la que se aseguraba que la HB2 viola la Ley de Derechos Civiles de 1964 y se le daba de plazo hasta este lunes para explicar cómo iba a “remediar esas violaciones”. Las consecuencias de no hacer nada podían ser una demanda o la retirada de miles de millones de dólares de fondos de financiación federal.

CRUCE DE DEMANDAS

La presión no ha hecho cambiar de parecer a McCrory. Al contrario, horas antes de que expirara el plazo que le daba Justicia, el gobernador ha respondido con su propia demanda, presentada en un tribunal federal contra Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la fiscal general, Loretta Lynch, y la asistente de esta que firmó la carta, acusándoles de realizar una “reinterpretación radical” de la Ley de Derechos Civiles y de excederse “de forma flagrante y sin base” de sus funciones. “La Administración de (Barack) Obama está intentando reescribir la ley”, ha denunciado McCrory en una comparecencia sin preguntas ante la prensa, que asegura que “este es un tema nacional que aplica a cada estado y necesita ser resuelto a nivel federal”.

Justicia ha respondido inmediatamente y Lynch ha anunciado en una rueda de prensa que Justicia demanda a Carolina del Norte y se reserva la opción de suspender financiación federal al estado. La primera fiscal general negra de EEUU ha comparado lo que está sucediendo con la segregación racial y la discriminación de homosexuales. "Es más que sobre sobre lavabos, es sobre dignidad y respeto", ha dicho.