El plan de Obama para cerrar Guantánamo topa con un enorme escepticismo

Han tenido que pasar siete años para que Barack Obama presente finalmente un plan para cerrar Guantánamo, una prisión que se comprometió a clausurar tan solo dos días después de jurar el cargo. El presidente de Estados Unidos ha enviado al Congreso su propuesta para vaciar el penal cubano antes de que concluya su segundo y último mandato, una iniciativa que contempla el envío a cárceles estadounidenses de buena parte de los 91 reclusos que languidecen allí desde hace más de una década en detención indefinida sin haber sido condenados por nada. El plan enfrenta un enorme escepticismo y ha sido inmediatamente rechazado por los republicanos que, con su control de las dos cámaras, tienen la llave para que se implemente.

Esta será posiblemente la última intentona de un presidente que llegó en su día a definir Guantánamo como un “triste capítulo en la historia”, pero cuyas acciones no han estado a la altura de sus palabras. Una vez más, Obama ha repetido que el penal no solo “va en contra de los valores estadounidenses”, sino que “socava” la seguridad nacional de su país. “Es contraproducente en nuestra lucha contra el terrorismo porque ellos lo utilizan como propaganda en sus esfuerzos de reclutamiento”, ha asegurado desde la Casa Blanca. También ha reconocido que interfiere en la relación de EEUU con aquellos aliados a los que más necesita en la lucha contra el islamismo radical. “Cuando hablo con otros líderes mundiales, sacan a colación el hecho de que Guantánamo no se ha resuelto”.

El plan no inventa soluciones mágicas, se apoya en ideas que llevaban tiempo circulando. Primero, lo fácil. Por un lado, pretende transferir cuanto antes a terceros países a 35 de los 91 detenidos que tienen desde hace años permiso de las agencias de seguridad para salir de Guantánamo y vivir bajo una suerte de libertad vigilada en sus destinos de acogida. Ese número se podría ampliarse porque Obama ha ordenado que se acelere la revisión del resto de casos “para determinar si su detención sigue siendo necesaria”. La pregunta es qué hacer con el resto.

DEMASIADO PELIGROSOS

Solo diez detenidos están siendo juzgados por tribunales militares; los demás no han sido acusados de nada, pero se les considera demasiado peligrosos para soltarlos. A todos ellos, el plan de Obama pretende reubicarlos en cárceles militares o prisiones civiles de máxima seguridad, todas ellas en EEUU, lo que ahorraría al contribuyente unos 85 millones de dólares al año. Pero para lograrlo, el Congreso debería revocar la ley que impide al Pentágono utilizar fondos federales para transferirlos a su territorio, una posibilidad que se antoja como mínimo remota. No hay que olvidar que estamos en año electoral y que, en la última encuesta del 2014, la mayoría de estadounidenses se oponían al cierre de la cárcel cubana.

En los últimos meses, la Administración de Obama había amenazado con implementar sus planes por decreto, pero hoy el presidente no ha hecho ninguna mención al respecto. Y eso que, en un arrebato de sinceridad, ha reconocido que ya no tiene que preocuparse por el coste político de la batalla porque ni él ni su vicepresidente, Joe Biden, se juegan la reelección en noviembre. “Si fuera fácil, ya hubiera sucedido hace años”, ha dicho al reconocer las dificultades a las que se enfrenta.

RESPUESTA CATEGÓRICA

Los republicanos no han tardado en responderle. “El Congreso ha actuado una y otra vez de forma bipartidista para rechazar el deseo del presidente de transferir terroristas peligrosos a comunidades dentro de EEUU”, ha dicho su jefe en el Senado, Mitch McConnell, tras recordarle que con la ley en la mano sus planes son “ilegales”. Su colega, el congresista Mike Coffman, ha sido todavía más categórico. “No hay por donde empezar, simplemente no va a suceder”.

Pero el plan tampoco ha convencido nada a las organizaciones que representan a los detenidos y que llevan años denunciando el travestismo jurídico que Guantánamo representa. “La noción de que serán transferidos a prisiones de máxima seguridad es absurda”, ha dicho a la CNN el abogado David Remes, quien representa a 12 de los detenidos. “Esta gente no ha sido acusada de ningún crimen y mucho menos lo ha cometido. El problema no es la falta de pruebas, sino la ausencia de crímenes con los que acusarlos”.

Redundando en esa misma idea, el Centro de Derechos Constitucionales ha afirmado que “la infamia de Guantánamo nunca se ha derivado únicamente de su emplazamiento, sino del régimen inmoral e ilegal de la detención indefinida”. Su comunicado añade que a menos que la Administración “demuestre una verdadera voluntad y redoble de forma dramática sus esfuerzos”, docenas de hombres que llevan 14 años en la cárcel y cuya detención se ha juzgado innecesaria por parte de la Administración, “seguirán languideciendo allí una vez Obama haya abandonado la Casa Blanca”.

Candidatos republicanos a la presidencia como Marco Rubio no solo se oponen a cerrar la prisión, sino que quieren reactivarla para alojar a nuevas oleadas de sospechosos de terrorismo.