La Fiscalía del Vaticano imputa a dos periodistas por publicar documentos robados dentro del Estado Pontificio

Por primera vez en la historia milenaria de la iglesia católica, la fiscalía del Vaticano ha abierto un sumario contra dos periodistas. La investigación se abre por un presunto delito de encubrimiento atribuido a los dos informadores por haber aceptado y publicado documentos robados dentro del Estado Pontificio.

Los dos informadores son Emiliano Fittipaldi del semanario progresista L’Espresso y Gianluigi Nuzzi, colaborador de Mediaset, el grupo televisivo de Silvio Berlusconi. Ambos han escrito,respectivamente, Avarícia y Vía Crucis, dos volúmenes que vieron la luz  la pasada semana.

“Las investigaciones puestas en marcha por la magistratura han evidenciado que los dos periodistas han colaborado en un delito y por esto son investigados”, confirmó  el portavoz, Federico Lombardi.

En los dos textos se ventilan al público los documentos de una comisión (COSEA) constituida por el papa Francisco poco después de su elección (2013) para que hiciera una radiografía de la organización y situación de la economía y de las finanzas vaticanas. El Papa ya conocía aquellas conclusiones desde hacía casi dos años, por lo que los dos libros revelan informaciones inéditas solamente al público general.

A partir de las conclusiones de aquella comisión, Jorge Bergoglio completó y perfeccionó las reformas comenzadas por Benedicto XVI, no solo para racionalizar la economía vaticana, hasta entonces bastante anárquica, sino también para dotar al Estado-Ciudad del Vaticano de todos los instrumentos acordados por la comunidad internacional contra el blanqueo de dinero y la financiación de organizaciones criminales. Dos años después, el Vaticano, al igual que España, Francia y otros países, cuenta ahora con una autoridad financiera (AIF) y, además, con un revisor de todos los presupuestos y balances internos. Hasta entonces, el Vaticano, que no tiene fronteras con Roma, había actuado con frecuencia como un verdadero paraíso fiscal, del que se aprovecharon numerosos italianos y extranjeros, católicos o descreídos.

“Se trata de un robo”, dijo sorpresivamente el Papa Francisco poco después del tradicional Ángelus del pasado domingo, hablando desde la famosa ventana que da a la plaza de san Pedro, dando a entender que no encajaría el golpe como hizo, en 2012, Benedicto XVI, cuando le robaron y publicaron documentos personales de su despacho. Una denuncia tan pública de Francisco ya hizo presaguiar que algo sucedería a los autores de los libros, que son italianos y que para interrogarlos el Vaticano deberá pedir una rogatoria internacional a Roma.

Las conclusiones de la citada comisión de reforma habrían sido supuestamente pirateadas de un ordenador del revisor de cuentas de la Santa Sede, ordenador clasificado como nivel de seguridad dos (sobre tres), por el monseñor español del Opus Dei, Lucio Ángel Vallejo Balda, de 54 años, y de la PR italiana Francesca Immacolata Chaouqui, tal vez con la colaboración de otras personas. El primero está en la prisión vaticana y la segunda en libertad con cargos.

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“No tengo nada que temer, porque no he robado nada, ni tampoco una sola línea del libro ha sido desmentida”, declaró  Fittipaldi, uno de los autores. Antes, Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, había calificado como “histéricos” los ataques que en los últimos meses ha recibido el Papa actual a causa de sus reformas. “Se trata de ataques poco razonados, poco pensados y también muy emotivos”, dijo.