LA CRISIS GRIEGA

Los caballos de batalla

Aunque los acreedores internacionales y el Gobierno griego han acercado posiciones, algunas cuestiones clave dificultan el acuerdo

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SILVIA MARTÍNEZ / BRUSELAS

Han pasado cuatro meses desde que Alexis Tsipras comenzó a negociar un plan de reformas a cambio de dinero para salvar a Grecia y aunque todos dan por hecho que están en la recta final la incertidumbre sigue siendo total. «Es un problema ultradifícil», resumió ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Las sensación es que el pacto «es cuestión de días» pero los obstáculos siguen ahí. No se conoce el contenido de la oferta de los acreedores pero las filtraciones apuntan a cuatro caballos de batalla.

LAS PENSIONES

Los acreedores -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- exigen a Atenas recortes de entorno al 0,5% del PIB en el gasto anual este año y del 1% en el 2016, un ajuste al que el Gobierno de Syriza se opone. Además, piden limitar las prejubilaciones y elevar la edad de jubilación efectiva -la CE quiere a los 65 años y el FMI a los 67- mientras que Tsipras ofrece en su propuesta de 47 páginas limitar de forma gradual a los 62 años la prejubilación y suprimir la prima a las pensiones inferiores y a los discapacitados, cuyo coste cifran en Atenas en torno a los 100 millones anuales.

«Propuestas como el recorte suplementario de pagos a personas con pensiones bajas para nosotros carecen de base para ser discutidas», zanjó Tsipras, tras su 'tête a tête' con Juncker y Dijsselbloem, confirmando que aún quedan elementos que aspiran a limar en este capítulo.

REFORMA LABORAL

Los acreedores exigen a Atenas que retrase la adopción de algunas medidas ya anunciadas como la subida del salario mínimo -actualmente de 580 euros, lo quieren elevar de forma gradual hasta 780- mientras que el Gobierno griego se niega a cambiar el marco de los despidos colectivos y quiere recuperar la negociación colectiva en las empresas. Los acreedores aspiran además a acelerar el plan de privatizaciones (aeropuertos regionales y empresa pública de energía) y aunque no exigen nuevos despidos masivos en la Administración pública, quieren garantías de que Atenas no dará marcha atrás en los ajustes del pasado.

FISCALIDAD

Aunque en las últimas semanas se ha hablado de un acercamiento de posturas en este terreno, lo cierto es que todavía hay divergencias. Grecia está dispuesta a reformar el sistema para aumentar los ingresos pero discrepan sobre la intensidad del cambio. Los acreedores quieren que el Gobierno establezca dos tipos de IVA, uno del 11% -que se aplicaría a alimentación y hoteles- y otro general del 23%, mientras que Atenas reclama tres: uno reducido del 6% para medicamentos, libros y teatro; otro del 11% para la alimentación, el agua, la electricidad, los hoteles, la restauración, los periódicos y las revistas; y un tercero del 23% para el resto. Tsipras dejó claro ayer que aumentar el IVA sobre la electricidad en un 10% -hasta el 23% como piden los acreedores- está fuera de lo que considera propuestas realistas. Su plan sí contempla la creación de distintos tipos en el impuesto de solidaridad, para recaudar 220 millones este año y 250 millones el próximo, así como una tasa a los beneficios de las grandes empresas con la que recaudar 1.000 millones, con una contribución progresiva para las empresas que tengan beneficios netos superiores a los 10 millones. Su plan también contempla otra tasa al lujo del 13% (actualmente es del 10%) y una a los anuncios de televisión.

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SUPERÁVIT PRIMARIO

Es una de las cuestiones que parecen avanzar por mejor camino. Los acreedores quieren que Atenas se comprometa a lograr saldos positivos en el superávit primario, antes del pago de los intereses de la deuda, del 1% este año, del 2% en el 2016; del 3% en el 2017 y del 3,5% en el 2018. El Gobierno griego aspira a rebajar esas metas, hasta un excedente del 0,6% este año, del 1,5% el próximo, del 2,5% en el 2017 y del 3,5% en el 2018, para lograr un mayor margen presupuestario que le permita financiar sus políticas sociales como la prohibición de los desahucios. Tsipras aseguró que la brecha en este terreno se ha reducido y que están muy cerca de cerrar este capítulo. De lo que no hacen mención los acreedores, -y que a juicio de Berlín está fuera de toda realidad-, es de una reestructuración de la deuda como plantea Atenas en un documento de propuestas que sigue quedándose corto. El plan contempla ingresos fiscales por casi 2.000 millones, 1.000 millones por debajo de lo que piden las instituciones de la antigua troika.

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