España, en el 'top 10'
A lo largo de los últimos años, España ha ocupado el séptimo puesto en el ranking mundial de países que exportan armas, con algo más de 3% del mercado. Es, pues, una pieza importante en este negocio que genera miles de millones de euros al año en todo el planeta. En el 2013, el Gobierno autorizó la venta de armas por un valor de 4.000 millones de euros. Unos contratos que deben pasar por las manos de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Defensa y de Doble Uso (JIMDU), organismo que estudia y decide si otorga o no las licencias de exportación.
Ahora, con el TCA ratificado por Madrid, los miembros de este organismo, que proceden de varios ministerios, deberán supervisar las solicitudes de venta con mayor cuidado. España es el primer país del mundo en recoger de manera explícita la base de tratado, la regla de oro, en su legislación nacional, todo un avance.
«Con la entrada en vigor del tratado ha llegado la hora de la verdad para el Gobierno español», dice Alberto Estévez, de Amnistía Internacional (AI). Para los activistas de derechos humanos, a lo largo de estos últimos años se han otorgado licencias «no correctas», como es el caso de la venta el año pasado de armas a Honduras y Guatemala, dos de los países con mayor índice de homicidios del mundo.
«El Gobierno español debería explicar cómo ha valorado el grado de violencia en estos países en el momento de evaluar las licencias y autorizarlas y qué mecanismos ha puesto en práctica para evitar que esas armas contribuyan a los homicidios», afirma Estévez.
Represión de opositores
Lo mismo debería hacer en el caso de Arabia Saudí, país al que el Gobierno autorizó el año pasado ventas por 406 millones de euros. La monarquía absolutista saudí, que prohibe a la mujer conducir y votar, entre otras limitaciones a las libertades, ha participado en la sangrienta represión de los opositores del vecino Baréin. El director de FundiPau, Jordi Armadans. recuerda que en cartera hay pendiente la venta de 200 carros de combate Leopard a Riad, por la que España compite con Alemania.
Una de las principales preocupaciones de los activistas es que el material acabe en manos distintas de las que debería. En las favelas brasileñas, por ejemplo, se han encontrado armas españolas de los 70, y una partida de material destinado en los 90 a Burkina Faso acabó en Liberia y Sierra Leona, entonces en guerra.
Una manera efectiva de evitar destinos fallidos es crear mecanismos de «seguimiento» de las armas. «Hemos pedido al Gobierno que encargue esa misión a los agregados de Defensa de las embajadas», como lo hace EEUU, dice Estévez, Armadans apunta otra medida posible y que considera muy deseable: que las organizaciones puedan participar e incidir a en las decisiones del JIMDU.
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