Alemania podrá denegar ayudas a ciudadanos de la UE

Alemania podrá denegar las ayudas sociales a los inmigrantes de otros países de la Unión Europea (UE), de acuerdo con una sentencia que el Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, emitió ayer. El tribunal considera que la libertad de movimientos de los ciudadanos de los países miembros de la UE no implica el derecho a beneficiarse de manera automática del sistema social de un determinado país.

Una portavoz del Ministerio de Trabajo afirmó que, si bien el derecho a la libertad de movimientos es un símbolo clave de la idea de la UE, se deben establecer ciertas limitaciones.

La sentencia emitida ayer responde a una demanda presentada en un tribunal de Leipzig por Elisabeta Dano, una ciudadana rumana de 25 años que reside oficialmente desde el año 2010 en casa de una hermana, en esta ciudad del este del país, junto con su hijo nacido hace cinco años en Alemania. La oficina de empleo le denegó las ayudas sociales, conocidas como Hartz IV, al argumentar que la ciudadana rumana no está cualificada, no buscaba trabajo y que, incluso, había rechazado varias ofertas.

Elisabeta Dano demandó entonces a la oficina de empleo que le denegaba las ayudas y el tribunal de lo social de Leipzig elevó el caso al Tribunal Europeo para que decidiera si la denegación de las ayudas sociales a una persona de un país de la UE es compatible con el derecho europeo. El pasado mes de mayo, el fiscal general del órgano judicial comunitario, Melchior Wathelet, consideró que Alemania puede evitar «un abuso y una cierta forma de 'turismo social'» al negar prestaciones a inmigrantes sin empleo.

Con esta sentencia, el Tribunal Europeo de Justicia avala una normativa que el Gobierno alemán aprobó en marzo y que limita el acceso de los ciudadanos europeos al generoso sistema de ayudas sociales de Alemania. Ya entonces, la ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles, y el de Interior, el cristianodemócrata Thomas de Maizière, expresaron la necesidad de poner limites al abuso de las ayudas sociales por parte de inmigrantes. La norma prevé la expulsión del país a aquellos que no hayan encontrado trabajo en un plazo de seis meses.