La integración de la población gitana, una asignatura pendiente en Hungría

Casi un tercio de la población húngara afirma que aceptaría una agresión verbal o físicas contra los gitanos en su país

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Más de setenta años después del Holocausto en el que fueron exterminados no solo millones de judíos sino también cientos de miles de gitanos en Europa, la integración de esta minoría es todo un reto para Hungría, donde hoy vive alrededor de medio millón de personas de este colectivo.

En una reciente encuesta, casi un tercio de la población húngara (un 29 por ciento), afirma que aceptaría una agresión verbal o físicas contra los gitanos en su país, mientras que solo un 37 las rechaza explícitamente.

Según explica Péter Krekó, director del instituto de análisis "Political Capital" de Budapest, que un porcentaje tan alto de personas acepte agresiones contra los gitanos es "sorprendente" y demuestra el nivel de racismo en el país.

Esta revelación llega cuando se conmemora el 70 aniversario del inicio del genocidio de gitanos húngaros durante la II Guerra Mundial. En la noche del 2 al 3 de agosto de 1944 los nazis, que ocuparon Hungría desde abril de ese año, asesinaron a cerca de 3.000 gitanos húngaros en el campo de concentración de Auschwitz.

Con motivo de la conmemoración de esa matanza, el presidente húngaro, János Áder, ha rechazado "todas las formas de la discriminación racial" y condenó a los que "ejecutaron los homicidios de la II Guerra Mundial".

En Hungría, un país de 10 millones de habitantes, unas 315.000 personas se identificaron como "gitanos" en el censo de 2011, pero muchos sociólogos aseguran que el número real es más bien medio millón o incluso más.

La población gitana en Hungría tiene, de media, menor formación educativa y esperanza de vida, y sufre con mucha mayor virulencia el paro y la pobreza, lo que empuja a este colectivo a la exclusión social.

Las políticas de integración del actual gobierno de Budapest se centran principalmente en la formación profesional y en el empleo en obras públicas, ya que las zonas más empobrecidas están en la parte este del país, justo donde vive la mayoría de los gitanos húngaros.

Sin embargo, organizaciones civiles piden programas más efectivos en un país donde su integración siempre ha estado en la agenda política desde la caída del comunismo hace 25 años, aunque con muy pocos resultados.

La ONG Unión para las Libertades Fundamentales (TASZ) asegura que lo gitanos se sienten discriminados por las propias autoridades, como la policía, que suele actuar de forma más severa contra ellos, al tiempo que se producen intentos de segregación en las escuelas.

Asimismo, denuncian que el poder judicial subestima sistemáticamente el alcance de las agresiones racistas cometidas contra los gitanos en Hungría, donde en los últimos años varias personas de esa etnia han sido asesinadas por motivos racistas.

Desde la llegada a la política nacional del partido ultraderechista radical Jobbik -la tercera fuerza parlamentaria- las salidas de tono contra los gitanos se han multiplicado.

Todo ello en medio de una grave crisis económica y social que azota el país desde hace ya cinco años. Expresiones como el supuesto "crimen gitano" han penetrado en el discurso político, al tiempo que el Jobbik ha creado unidades paramilitares, que tras ser ilegalizadas en 2009, suelen reaparecer bajo otros nombres.

Esos paramilitares organizan desfiles amenazadores por zonas habitadas por gitanos, mientras que en otros casos las propias autoridades municipales cosechan votos con medidas contra esta minoría. En la ciudad de Miskolc, en el este del país, el ayuntamiento acaba de iniciar el desalojo de los vecinos de un barrio pobre y habitado en su mayoría por gitanos, con el argumento de querer "mejorar las condiciones de sus viviendas".

Stefánia Kapronczay, directora de TASZ, señala que "estas medidas son discriminatoria, hieren el derecho a la igualdad de oportunidades y no ofrecen una adecuada solución en la erradicación de los barrios pobres".

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Según la experta, la única meta de este desalojo es obligar a los afectados, en su mayoría gitanos, a abandonar la ciudad. Agrega que TASZ ha iniciado procedimientos legales contra este tipo de desalojos, pero también contra las llamadas "razias de bienestar", con las que las autoridades se arrogan el derecho de visitar hogares gitanos para controlar, por ejemplo, si tienen papel higiénico o no.

Las autoridades locales justifican esta medida para vigilar la salubridad y la higiene, pero Kapronczay define esta práctica como simple "acoso".