Nuevo curso político en Estados Unidos
Nace un sistema de salud
Tras los sonrojantes fallos informáticos en el 2013, la reforma sanitaria entró en vigor el 1 de enero. Seis millones se han asegurado entre pólizas privadas y planes públicos para pobres
Tras el sonrojo, un respiro. La reforma sanitaria, el mayor logro legislativo de Barack Obama en sus cinco años en la Casa Blanca, echó a andar el 1 de enero. Ha llegado con menos fuerza de lo que pretendió el presidente, forzado a posponer algunas de las medidas y obligado a modificar su principal promesa («si le gusta su seguro, podrá mantenerlo»). Pero ha llegado.
No faltan críticas y problemas, pero está en marcha una ley que, por ejemplo, impide a las aseguradoras negar cobertura a gente con problemas médicos previos, cobrar más a las mujeres que a los hombres por los mismos servicios o poner límites al dinero que pueden gastar en «prestaciones sanitarias esenciales» de un asegurado. Y empieza a quedar como amargo recuerdo el fallido lanzamiento, el 1 de octubre, de la web donde los estadounidenses debían comprar sus seguros médicos.
Eso esperan, al menos, la Casa Blanca y los demócratas. Confían en que el avance de la aplicación de la ley reste argumentos a los republicanos para usarla como arma arrojadiza política en año de elecciones legislativas. Y saben que, si la ley funciona, los conservadores no podrán repetir la cruzada que, liderados por congresistas del Tea Party, libraron el año pasado.
Cifras aún bajas
La Administración había calculado que siete millones de personas contratarían seguros privados en los mercados establecidos por el Gobierno federal y por los estatales. Y aunque aún hay plazo hasta el 31 de marzo antes de tener que pagar una multa, mucho tendrán que cambiar las cosas para llegar a esa cifra. Para el 31 de diciembre habían acudido a esos mercados 2,1 millones de personas (y algunos eran gente ya asegurada obligada a cambiar sus pólizas).
Otros 3,9 millones de estadounidenses sí se han visto beneficiados por la entrada en vigor de otra parte de la reforma: la expansión de Medicaid, el programa de asistencia sanitaria pública para gente de bajos recursos. Y eso que, de momento, solo 25 estados y el Distrito de Columbia han aceptado esa expansión.
En el inicio ha habido problemas logísticos, como el de gente que no ha recibido a tiempo sus tarjetas de seguro. Se han producido desagradables sorpresas de copagos más de lo que se esperaba. Hay casos en que se hace más difícil hallar un médico especialista, pues algunos planes, para reducir costes, han restringido el número de proveedores con que trabajan. Y desde el Supremo, la jueza Sonia Sotomayor bloqueó temporalmente el día 31 las multas que la Administración quería imponer a grupos con afiliación religiosa que se negaran a ofrecer el control de natalidad.
Pero el principal reto es otro. No se sabe aún quién compone la nueva masa de asegurados. Y los precios de las pólizas podrían disparase si, como se teme, se trata de gente mayor y con problemas de salud más que de jóvenes sanos.
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