Ir a contenido

POLÉMICA DECISIÓN EN CENTROAMÉRICA

Guatemala anula la sentencia contra el exdictador Ríos Montt

El Constitucional atiende un recurso de la defensa contra dos magistrados

El militar fue condenado a 80 años por el genocidio de los indios ixiles

TONI CANO
MÉXICO

Todo el gozo de la condena al genocida se hundió en el pozo de una justicia farragosa y una posguerra ciega. En medio de intensas presiones de empresarios y exmilitares, la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de Guatemala, anuló ayer la sentencia de 80 años de prisión dictada hace 12 días en contra del exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra la humanidad y ordenó repetir la última parte del juicio, «todo lo actuado a partir del 19 de abril», cuando un defensor intentó recusar a los jueces.

En una decisión dividida, tres a dos, los magistrados del Constitucional guatemalteco resolvieron a favor de uno de los cuatro recursos de la defensa de Ríos Montt, de 86 años, quien solo pasó dos noches en la cárcel y llevaba 10 días en un sanatorio militar, con una hipertensión agravada al convertirse en el primer exjefe de Estado latinoamericano en ser condenado por genocidio.

La histórica sentencia del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que lo condenaba a 50 años por las matanzas de los indígenas mayas ixiles y a 30 por violaciones y otros crímenes contra la humanidad, quedó de un plumazo en agua de borrajas.

«Se anula la sentencia al dar con lugar un recurso de la defensa». Al revés que 12 días atrás, el dictamen de la Corte de Constitucionalidad cayó «como un rayo sobre el espíritu» de los supervivientes ixiles, que durante años lucharon para conseguir el juicio contra quien fue cruel gobernante de facto entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

La decisión fue celebrada con champán por terratenientes, empresarios y exmilitares que removieron Roma con Santiago para anular el proceso. Sobre todo porque la sentencia ordenaba, además, investigar y procesar a todos los demás implicados en las matanzas de indígenas y la quema de aldeas. La guerra civil de 36 años dejó 20.000 muertos, más de 40.000 desaparecidos y muchos asesinos sueltos y empoderados.

La puerta que abrió contra la impunidad el Tribunal Primero A -con la valiente juez Jazmín Barrios al frente- se topó con la resistencia de los exmilitares, que alentaron rumores, que no ruidos, de viejos sables, y con la voz pública del empresariado, que el pasado domingo divulgó todo un manifiesto contra la sentencia, la supuesta «intervención extranjera de personas y organizaciones» y un tribunal -reza el texto- «que no respetó el principio de inocencia del expresidente».

Las triquiñuelas legales concluyeron con una sentencia del Constitucional que pone de nuevo en cuestión al menos a dos de los tres magistrados del tribunal que se atrevió a juzgar y condenar al genocida.

MANIOBRAS DILATORIAS / El secretario del Constitucional, Martín Guzmán, aseguró que «la corte no recomienda la separación de ningún miembro del tribunal, sino que se dé cumplimiento al trámite debido».

Pero ese trámite es precisamente aceptar que una sala de apelaciones dirima la petición de recusar a dos miembros del tribunal que, tras un mes de juicio y entre otras maniobras dilatorias, presentó en el mes de abril el abogado defensor, Francisco García.

Así, el juicio vuelve a ese punto crucial: solo conserva las desgarradoras declaraciones del centenar de testigos ixiles supervivientes de matanzas y violaciones y, como precisó Guzmán, «queda anulado todo lo actuado en el proceso final del debate oral y público a partir del 19 de abril». La decisión también dejó sin efecto la absolución que favoreció al general retirado José Rodríguez, antiguo jefe de Inteligencia Militar, quien deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados.