Noruega aguarda con ansiedad el veredicto sobre el ultra Breivik

La omnipresente tranquilidad que respiran las calles de la capital escandinava se ha visto, durante las últimas horas, truncada por la invasión de cerca de 700 periodistas. Para asombro y bochorno de los lugareños, esta avalancha de medios llegada desde todos los rincones del globo inunda los hoteles y cafeterías cercanas a los juzgados de Oslo. Es ahí donde, en el día de hoy, un jurado compuesto por cinco jueces, dos fiscales, cuatro abogados y cuatro psiquiatras forenses decidirá el futuro del mayor asesino de la historia de Noruega.

El ultraderechista Anders Behring Breivik, de 33 años, protagonizó el pasado 22 de julio del 2011 uno de los episodios más negros de la nación nórdica. Tras colocar y detonar un artefacto explosivo en una de las calles del centro de Oslo, causando ocho muertos, el terrorista se dirigió a la isla de Utoya en la que tiroteó hasta la muerte a 69 jóvenes miembros de las juventudes del Partido Laborista noruego.

El pasado 16 de abril se inició el proceso judicial contra Breivik que desde sus inicios ha estado marcado por la polémica. Las excéntricas declaraciones y gestos (como el de alzar el brazo a su entrada en la sala) del fundamentalista cristiano levantaron una fuerte polémica en el país. En una de las sesiones el asesino llegó a declarar: «Los ataques del 22 de julio fueron preventivos para defender al pueblo noruego y el origen étnico de Noruega. Sí, lo volvería a hacer, porque las ofensas contra mi pueblo son tantas como malas».

Una de las mayores polémicas a la que las autoridades noruegas se han enfrentado es la de determinar la salud mental del acusado y, por tanto, si debe ir a prisión o debe quedar recluido en un hospital psiquiátrico el resto de su vida. Un primer informe pericial declaró que Breivik padecía una esquizofrenia paranoide en el momento de los atentados. Sin embargo, el informe fue duramente criticado tanto por los medios como varios expertos policiales, lo que llevó a la elaboración de un nuevo informe. En este último se concluyó que Breivik, en consonancia con lo que él mismo había declarado, se encontraba en perfectas facultades mentales. Este aspecto resulta fundamental porque, en este caso, el máximo al que se podría enfrentar el acusado es a 21 años de prisión, según el Código Penal noruego. La escasa contundencia de la legislación noruega ha sido objeto de duras críticas durante estos meses y ha generado intensísimos debates en los medios y la sociedad del país.

ALTA TENSIÓN/ La tensión llegó a su punto cumbre el pasado día 13 de agosto, al ser publicado el informe de la comisión independiente que analizó la respuesta policial a los atentados. Encargado por el primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, poco después de la tragedia, el informe arremete duramente sobre el modo en el que las fuerzas de seguridad y el Gobierno laborista gestionaron los atentados. A consecuencia del mismo, el jefe de la policía de Noruega, Oystein Maeland, presentó su dimisión la semana pasada al sentir que había perdido «la confianza del Ejecutivo», como aseguró la ministra de Justicia, Grete Faremo, cuya labor fue también puesta en duda en el informe.

Las críticas afectaron duramente al primer ministro, que previamente ya se había responsabilizado públicamente de las consecuencias de la mala gestión de los atentados. El diario noruegoVerdens Gangfue un paso más allá y exigió en su portada la dimisión de Stoltenberg bajo el titular: «Nos han fallado», en referencia al Gobierno laborista y los responsables policiales.

A pesar de que la dimisión del jefe del Ejecutivo parece poco probable, los medios de comunicación noruegos no descartan que una sentencia poco firme del caso implique que rueden cabezas en el seno del Partido Laborista.