19 sep 2020

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CUANDO EL ESTADO MATA

El español que logró evitar su ejecución en EEUU y la esposa de un condenado luchan contra la pena capital

Un congreso en Ginebra intenta promover la causa abolicionista

ELIANNE ROS
PARÍS

Hank Skinner, un norteamericano acusado de triple homicidio, apura sus últimos momentos de vida en el corredor de la muerte de la prisión de Ellis, en el estado norteamericano de Texas. Si no media un milagro, el próximo 24 de febrero será ejecutado sin que se hayan practicado las pruebas de ADN reclamadas por la defensa para demostrar su inocencia. Ese mismo día, empezará en Ginebra el cuarto congreso mundial contra la pena de muerte.

«Por desgracia no podré participar, estaré en Texas, espero lo peor», admite Sandrine Ageorges, esposa de Skinner y militante abolicionista. Tras 10 años de batalla contra la máquina de la justicia tejana, al límite de sus fuerzas, esta mujer enjuta y determinada no renuncia a hacer oír la voz de los condenados a muerte para remover las conciencias y sumar apoyos contra la pena capital. En París, le acompaña uno de los escasos supervivientes del implacable corredor, Joaquín José Martínez.

Paradoja

«Soy el ejemplo de que se puede salir de allí», sostiene Joaquín, el primer español (y europeo) liberado después de pasar tres años en la antesala de la muerte. «Quiero decirle a Sandrine que lucharé hasta el último segundo, sé lo que está pasando su esposo y, a través de ella, ahora entiendo el sufrimiento de mi familia. No la abandonaré; mi padre no lo hizo y gracias a él estoy aquí», dice con un nudo en la garganta, los ojos anegados, al recordar a su progenitor, fallecido un año después de su salida del corredor, en el 2001, a manos de un estudiante de 17 años. Triste paradoja, el joven acababa de asistir a una de las conferencias de Joaquín contra la pena capital.

Antes de ser acusado en 1997 de un doble homicidio –una de las víctimas era hija de un policía– en base a un falso testimonio, Martínez era un defensor del castigo supremo, como tantos hay en EEUU. Hijo de un español que emigró a Florida en busca del sueño americano, también consideraba normal llevar armas. Hoy, a los 38 años, tiene la impresión de tener «30 más». Tras escapar a la silla eléctrica, ha rehecho su vida lejos de América. Vive en Valencia con su actual pareja –una española abolicionista que le escribía cartas cuando estaba en prisión– y se dedica en cuerpo y alma a sensibilizar a la opinión pública. Su testimonio también estará presente en el congreso de Ginebra, al que ha confirmado su participación el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las cifras de la organización indican que aún queda camino por andar. En el 2008, el 90% de las ejecuciones en el mundo tuvieron lugar en cinco países: Arabia Saudí (102 personas) China (1.700, según Amnistía Internacional), EEUU (37 personas, 18 de ellas en Texas), Irán (346) y Pakistán (al menos, 36). En los últimos 40 años, el número de países que han renunciado a la aplicación de la pena capital ha pasado del 20% al 70%. En la actualidad, 58 estados mantienen esta condena. A excepción de EEUU, Japón y la India, se practica bajo regímenes autoritarios.

«Ni siquiera los japoneses son conscientes de que se ejecuta a gente en su país, no se habla de ello. En EEUU, en cambio, los grupos abolicionistas cada vez se hacen oír más, pero no hay manera de convencerles», explica Rudolf Knoblauch, embajador especial de Suiza para los derechos humanos. ¿Obama tampoco está por la labor? «El Gobierno federal argumenta que es cosa de los estados; ahora intentamos convencerles por la vía económica. Cada ejecución cuesta entre 700.000 y 800.000 dólares (entre 510.400 euros y 583.000 euros), sin contar el mantenimiento del corredor de la muerte y los procesos judiciales».

El precio de la libertad

La libertad de Joaquín también tuvo un precio. Para conseguir un nuevo juicio y pagar todo el proceso, su padre tuvo que reunir dos millones de dólares (1,4 millones de euros). «Salir del corredor es una cuestión de dinero, si no lo tienes, estás perdido», se lamenta Sandrine, cogida de la mano del antiguo reo, que sufrió «torturas físicas y psicológicas». Pero el peor recuerdo, el que más persiste, es otro: «el silencio indescriptible antes de cada ejecución». En su celda eran 13. «Algunos, inocentes como yo», asegura. Once ya no pueden contarlo. Skinner quizá tampoco. «No piensen que la presión de Europa no es importante. Me lo dijo el juez: sin apoyo extranjero estarías muerto», concluye.