SUPUESTO DESVÍO DE SUBVENCIONES
El pleno de L'Hospitalet rechaza crear una comisión sobre el Consell Esportiu
El pleno municipal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), con los votos en contra del PSC y la abstención de Cs, ha rechazado este jueves la moción presentada por ERC que reclamaba la creación de una comisión de trabajo para hacer un seguimiento del caso del Consell Esportiu del municipio.
La moción, que ha recibido los votos favorables de ERC, L'Hospitalet en Comú y el PP, también pedía que el consistorio se personará como acusación particular cuando procesalmente correspondiera "para defender los intereses municipales y de todos los vecinos".
Durante la votación de la moción, los tres concejales del PSC relacionados con el caso, el edil denunciante, Jaume Graells, y los dos que fueron detenidos en el marco de la investigación, Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza, se han ausentado del pleno.
En su intervención, el portavoz de ERC y jefe de la oposición, Antoni García, ha pedido "luces y taquígrafos" y que el consistorio "actúe con la máxima transparencia, colabore de forma activa con la justicia y que facilite toda la información a la oposición".
En manos de la justicia
Por su parte, el primer teniente de alcalde de L'Hospitalet, Fran Belver, ha defendido que el consistorio ha dado siempre toda la información de la que disponía a todos los portavoces de la oposición y que ahora la cuestión está en manos de la justicia, con la que ha subrayado que colaboran "desde el minuto cero".
"Evidentemente, el PSC será inflexible con cualquier rastro de delito, cuando se demuestren y se prueben, pero no haremos juicios paralelos ni una caza de brujas", ha subrayado Belver, que ha acusado a ERC de usar el caso y la moción para obtener rédito político.
El pasado miércoles de 10 junio, la Policía Nacional registró la sede del Consell Esportiu -entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar, cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio- en el marco de una investigación en la que un juez investiga si el organismo destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona, y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación mendaz.
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