El Supremo da la razón a los ayuntamientos y obliga al Govern a asumir la deuda de las guarderías

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga al Govern a asumir el financiamiento de las guarderías de una treintena de municipios, a los que dejó de pagar las ayudas correspondientes entre los años 2012 y 2015.

Con esta decisión, el tribunal reconoce a una treintena de municipios catalanes que presentaron un recurso -bien colectivo o individual- ante el TSJC el derecho a recibir los 1.300 euros por alumno correspondientes a los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 que había establecido el organismo catalán.

Una decisión que, en el caso de L’Hospitalet -a quien el TSJC ya dio la razón en diciembre de 2017-, el montón total que el Departament d’Educació deberá abonar sobrepasa el millón de euros, entre el pago por la deuda contraída y el sobrecoste de los intereses acumulados.

Una treintena de municipios

La lucha entre ayuntamientos y Generalitat por el financiamiento de las guarderías se inició hace casi una década, cuando el Govern empezó a retirar el apoyo económico que le correspondía hasta reducirlo a cero en 2014. Una decisión que se se agudizó todavía más cuando en 2017 se descubrió que casi todo el presupuesto de 2012 y 2014 -81 millones-, se desvió a la escuela concertada.

Antes de ello, en 2014, Cornellà decidió dar el paso de llevar a la Generalitat ante los tribunalesCornellà, y a él le siguieron otros grandes municipios como L’Hospitalet, Esplugues o Sant Joan Despí -que se personaron también individualmente-, así como una treintena de localidades más, como Sant Boi, Santa Coloma o El Prat.

Los 36 municipios, agrupados en el Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació, presentaron un recurso contencioso administrativo conjunto ante el TSJC para reclamar la deuda a la Generalitat, que ahora ha ratificado el Supremo y que, según la alcaldesa Núria Marín, “da la razón al mundo local” y pone de manifiesto que “el Govern autonómico ha incumplido los compromisos adoptados con los municipios”.

Una falta de compromiso que “obligó a ayuntamientos como el nuestro a asumir el sobrecoste de estas plazas para no perjudicar a las familias”. Un sobrecoste que, según  el concejal de Educación, Jaume Graells, en el municipio del Barcelonès ha comportado pasar de los 202.000 euros invertidos en 2011 a los 1,6 millones del curso 2017-2018.

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