QUERELLA DEL BANCO DE LUXEMBURGO
Arantxa Sánchez Vicario elude entrar en la cárcel
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Jesús G. Albalat
El Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que investiga el presunto alzamiento de bienes de la extenista Arantxa Sánchez Vicario, ha desestimado el ingreso en prisión de la exdeportista y de su todavía marido, Josep Santacana, al entender que el proceso judicial contra la pareja está todavía en marcha y que no hay riesgo que ninguno de los dos eludan la acción de la justicia y huyan. El matrimonio viven en Estados Unidos y ha iniciado los trámites de divorico..
El Banco de Luxemburgo se había querellado contra Sánchez Vicario por un presunto delito de alzamiento de bienes y le exige el pago de 7,5 millones de euros. La demanda penal fue admitida a trámite y ampliada también contra Josep Santacana, exmarido de la tenista, y contra varias empresas.
La entidad bancaria reclamaba el en la cárcel de la deportista y su pareja con el argumento de que disponen de suficientes fondos para devolver la deuda pendiente de 7,5 millones de euros y que se han instalado a vivir en el extranjero -concretamente Miami- con el propósito de evadir la acción de la justicia.
Deuda
El Banco de Luxemburgo se querelló contra ellos después de intentar sin éxito, desde el año 2010, cobrar las cantidades con que avaló a la tenista para pagar una multa de 5,2 millones euros por fraude a Hacienda. La Agencia Tributaria percibió esa cantidad mediante un aval del Banc de Sabadell, que, a su vez, cobró mediante un contraaval suscrito con el Banco de Luxemburgo. La extenista, defendida por el abogado Emilio Zegrí, siempre ha alegado que su patrimonio lo manejaba su padre. El marido ha escogido para su defensa al penalista Pablo Molins.
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