Frente común en el Baix Llobregat contra la "especulación inmobiliaria" en la comarca

Un total de veintiocho entidades sociales, vecinales y ecologistas del Baix Llobregat han firmado un manifiesto para establecer un frente común contra, según denuncian, la “especulación inmobiliaria” en la comarca. El acto de presentación ha tenido lugar este jueves 12 de marzo en el complejo industrial modernista de la Colonia Güell, en Santa Coloma de Cervelló.

Los organismos firmantes se han agrupado en la plataforma SOS Baix Llobregat i L'Hospitalet con el objetivo de sumar fuerzas y reclamar a las administraciones “una moratoria urbanística de, al menos, dos años”, y un proceso participativo que permita “reflexionar y decidir socialmente el modelo territorial del Baix Llobregat”. Los distintos colectivos se han inspirado en otras iniciativas similares, como SOS Costa Brava o SOS Pirineus.

Las veintiocho entidades que firman el manifiesto calculan que el actual Plan General Metropolitano “prevé cerca de 70.000 nuevas viviendas en la comarca” y que afectará a “más de 1.800 hectáreas de suelo urbano, urbanizable o urbano no consolidado”. Por otra parte, señalan que el IDESCAT contabiliza 31.000 viviendas vacías en el Baix Llobregat –datos del año 2011-, por lo que piden que se les de uso y denuncian la “ausencia total" de planes para crear un parque público de alquiler a precios sociales.

Como resultado de la moratoria y el proceso participativo que reclaman, se proponen parar detener la “contribución negativa del urbanismo metropolitano a la crisis ambiental" y conseguir una reorientación total del modelo territorial.

Actuaciones de la plataforma

Desde SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet señalan que los distintos planes urbanísticos afectarían a zonas boscosas de las faldas de Collserola y del Garraf-Ordal, a zonas agrícolas de la ‘vall baixa’ y del delta del Llobregat, a espacios contiguos al río o a áreas protegidas por sus valores naturales y, especialmente, a los últimos conectores ecológicos entre el Garraf, Collserola, el río Llobregat.

Hasta el momento, los grupos vinculados a la plataforma han presentado propuestas y alegaciones a planes y proyectos urbanísticos y de infraestructuras como: el Plan Director Urbanístico Metropolitano, los diferentes planes de Sant Boi de Llobregat (como el Pla Llevant-la Parellada o el Plan Director del Verde Urbano) o la modificación de la línea de alta tensión Penedès-Viladecans en Begues.

“El Plan General Metropolitano se aprobó en el 76 con una lógica muy diferente a la de hoy, la lógica era la del crecimiento a cualquier precio. Barcelona y los municipios del área metropolitana han crecido, pero con un gran coste agrícola y de diversidad. Si siguen creciendo se producirá un mayor agravio”, ha explicado Jaume Grau, portavoz de Ecologistas en Acción.

Este sábado 14 de marzo está previsto que las distintas entidades se sumen a la manifestación en Gavà contra el Pla de Ponent y, en el futuro, a las acciones contra la ampliación del aeropuerto del Prat. No obstante, la situación de alerta por el coronavirus que aplicó la Generalitat prohíbe las concentraciones de más de 1.000 personas, por lo que esta primera marcha podría llegar a aplazarse.

El Pla de Ponent, primer objetivo

Pese a las restricciones, desde SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet mantienen el objetivo manifestarse. “Veremos qué pasa con el coronavirus, a lo mejor tenemos que ir en grupos reducidos, pero tenemos que dar un golpe en la mesa y decir que esto no puede ser”, ha manifestado Ángel Losada, portavoz del Grupo Ecologista Quercus, en relación con el Pla de Ponent de Gavà, el primer objetivo de esta lucha comunitaria.

El Pla de Ponent es una actuación urbanística que abarca un ámbito de 200 hectáreas de suelo que hay entre el término municipal de Castelldefels, la carretera comarcal de Santa Creu de Calafell, la avenida Joan Carles I y la carretera de la Sentiu. La plataforma No al Pla de Ponent-Salvem el Calamot nació con el objetivo de “salvar” el Calamot y la riera de los Canyars. “Luchamos para proteger un espacio natural único que separa Gavà y Castelldefels de la especulación inmobiliaria”, defienden.

Ante la oposición que ha generado el proyecto, la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, calificó, el pasado 4 de marzo, el plan de "necesario y sostenible" porque pondrá “al servicio de la ciudadanía” terrenos que ahora son privados y dará respuesta a la falta de vivienda.

Más allá de la manifestación, las plataformas gavanenses están tratando de que se realice una consulta ciudadana para que los vecinos de Gavà puedan manifestar si están de acuerdo o no con el plan. Por ahora sólo se ha presentado la solicitud de consulta. En un plazo máximo de 3 meses, el Ayuntamiento de Gavà iniciará el proceso de consulta y, una vez empiece, las entidades deberán recaudar 2000 firmas para poder llevar a cabo la consulta, cuyo resultado, no obstante, no será vinculante.

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