Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà: "Los vecinos deciden el destino de parte del presupuesto de inversiones"

Popularmente conocido por su destacada playa y por ser hogar de famosos futbolistas, Gavà es un municipio que ha presentado batalla ante los problemas con los que se encuentra su ciudadanía. Las mejoras en materia de movilidad, infraestructuras, salud y educación son algunos de los puntos fuertes del presente mandato. Un año después de tomar el relevo de su predecesor, Joaquim Balsera, la alcaldesa Raquel Sánchez (PSC) repasa la situación de la localidad y aborda los retos que tiene encima de la mesa.

Esta es la primera ocasión en la que el PSC pacta con CiU... Veníamos de un pacto con ICV-EUiA que no se pudo repetir porque perdieron su representación en el consistorio, por lo que abrimos un periodo de negociación con todas las fuerzas. La negociación se mantiene todavía con diálogo permanente con todos los grupos municipales, porque el acuerdo es fundamental. De hecho, los últimos presupuestos se aprobaron con los votos de ERC, a pesar de no estar en el gobierno.

¿Dónde quieren poner el énfasis? Tenemos que seguir trabajando en aspectos vinculados con la cohesión social, la organización territorial y sostenible, lo que nos tiene que permitir proyectarnos y progresar desde la perspectiva económica. También es importante la nueva gobernanza y la nueva manera de hacer política. Fuimos pioneros en proyectos como el portal de gobierno, y a partir de aquí trabajamos en mejorar la transparencia y la proximidad buscando implicación y corresponsabilidad.

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Una de las propuestas pasa por dotar de una pensión extra a los jubilados. En el contexto de crisis hemos diseñado una línea de ayudas a la gente mayor que con su pensión son muchas veces el cojín familiar, dado que en muchos casos el paro tiene consecuencias dramáticas en entornos familiares. La mejor manera de combatir la crisis es generar ocupación, pero no podemos dejar de lado a las personas mayores que no tienen ingresos suficientes. Por ello se conceden 365 euros al año a unos 200 vecinos.

Tienen un caballo de batalla con la salud. Hemos trasladado nuestras reivindicaciones al 'conseller' de Salut, Toni Comín, y hemos logrado avanzar en el proyecto de ampliación del Hospital de Viladecans. La idea es que las obras se realizarán en 36 meses desde el inicio de los trabajos, reparando el agravio que ha sufrido este territorio. Hemos creado una comisión desde el territorio para estar informados y validar las fases del proyecto de ampliación, y para que se cumplan los términos que piden los profesionales y usuarios del hospital. Eso es importante. No solo hablamos de duplicar la superficie del centro hospitalario, sino que también vinculamos la ampliación a que se acompañe de los recursos humanos y materiales que necesita. La idea es que esté acabado en el 2020.

Aparte, hay otro proyecto paralizado, el del tercer CAP de la ciudad. También lo reivindicamos. Ya existe el proyecto, se pidió la licencia de obras, pero con la crisis quedó todo paralizado. En Gavà tenemos un déficit que la Generalitat debe comprometerse a solucionar de una vez por todas.

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En el ámbito educativo, también reclaman mejoras. Pedimos a Ensenyament que no cierre líneas de P-3 en la ciudad y que reabra una que ya cerró en la escuela Marcel·lí Moragas. Pero también reivindicamos nuevas infraestructuras escolares. Llevamos años, muchos, pidiendo mejoras y reformas en el instituto de Bruguers, que tiene más de 40 años, y en todo este tiempo no se ha abordado su reforma. Todo ello se tendría que reflejar en los presupuestos.

¿Cómo pueden participar los vecinos de la localidad en las decisiones que les afectan? Se han pedido propuestas para el plan de actuación municipal (PAM) y ahora deberemos hacer una evaluación de todo lo que se ha planteado. También hemos puesto en marcha un proceso pionero, llamado Junts fem Barri, que pasa por destinar 500.000 euros del presupuesto a inversiones que decidan los vecinos en los barrios. Luego se votarán los proyectos que encajen con nuestras competencias, y que como máximo podrán costar 35.000 euros.

Una queja histórica se centra en el aeropuerto... Especialmente desde que se puso en marcha la tercera pista, sin tener en cuenta al territorio. Después de mucha polémica y reivindicación política y social, se puso una querella criminal contra directivos de AENA. Ahora parece que el Ministerio de Fomento y AENA han aprendido, estamos haciendo seguimiento con una oficina municipal del funcionamiento y la operativa del aeropuerto. Es un gigante puesto en un territorio donde vive gente sin tenerla en cuenta.